Son crecientes las voces de economistas notables que plantean una reducción (e incluso una eliminación) de los aportes parafiscales, como estrategia para mitigar los efectos que pueda traer sobre el empleo la crisis económica observada a nivel mundial desde el segundo semestre del año pasado.

Es también un lugar común, taquillero además, analizar los movimientos de la oferta de empleo de manera aislada a la demanda del mismo, o basándose en estudios desactualizados para la realidad de las instituciones. Adicionalmente, se cuestiona la efectividad de los programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar, el Sena o el ICBF, desconociendo de plano los beneficios que dichos programas han llevado a miles de hogares y millones de personas en todo el país.

Lo primero que vale la pena mencionar es que en ninguno de los estudios publicados en el país hasta la fecha aporta evidencia clara de que una reducción de los parafiscales conduciría a un mayor empleo o a una mayor formalización en el país. Por el contrario, estudios como el de Cárdenas y otros (1998) muestran que "los costos laborales asociados a contribuciones parafiscales no constituyen la causa principal en el desempleo durante los noventa". El análisis de Hugo López (2002), por su parte, señala que la elasticidad del empleo a una variación marginal en los parafiscales es muy baja, lo que quiere decir que una reducción de los parafiscales no tendría un impacto significativo en el empleo nacional.

En el mismo sentido, experiencias previas en el país han demostrado que por más que se den exenciones o subvenciones a los empresarios en términos de reducción de estos impuestos, si los sectores productivos no requieren la mano de obra, posiblemente por aspectos relacionados con insuficiente demanda agregada, no la van a contratar, así se les pague para ello.

Por otra parte, sustituir la fuente de financiación de los programas sociales por impuestos generales, especialmente uno como el IVA, implicaría un retroceso en la forma de operación de los mismos, así como una reforma tributaria que aportara recursos adicionales por 4,5 billones de pesos. Avances como la Planilla Única han permitido aumentar el recaudo de estos aportes, que se reflejan en bienestar de los hogares de menores ingresos y se antoja ilógico devolver el esfuerzo que se ha empezado a reflejar en bienestar social.

El nivel de desempleo en el país ha estado desde el 2007 en niveles inferiores a la tasa natural de desempleo (calculada en alrededor del 12,4 por ciento por el Banco de la República), sin que haya aumentado la informalidad. Tampoco se ha reducido significativamente. Lo que se plantea entonces es una serie de medidas mucho más creativas para garantizar el acceso al mercado laboral, la articulación de la oferta y la demanda en los mercados educativo y laboral, así como un mecanismo de seguro eficiente en casos de pérdida de puestos de trabajo. Ese es el compromiso del Gobierno Nacional y es hacia donde está enfocando sus esfuerzos.

Por otra parte, las evaluaciones de impacto que permanentemente realiza el Gobierno de sus programas han dado cuenta de aspectos positivos en la operación de Jóvenes en Acción y Hogares Comunitarios, entre otros, así como de algunos otros aspectos a mejorar. Lo cierto es que el Comité Intersectorial de Evaluación de Políticas Públicas mantiene en la agenda la revisión de los programas financiados con recursos parafiscales; ello, sin perjuicio de las evaluaciones que de los mismos se adelanten, por iniciativa privada.

Finalmente, vale la pena insistir en el compromiso del Gobierno por promover y cuidar la inversión y al inversionista en el territorio nacional, pero también en la convicción de defender los programas sociales que se financian con recursos provenientes de aportes parafiscales, que benefician a millones de personas y que no se pueden condenar a desaparecer debido a las dificultades actuales de la economía.

DIEGO PALACIO BETANCUR Ministro de la Protección Social