El pueblo colombiano cree que cuando se va a distribuir el presupuesto nacional existen unos parámetros técnicos para dichas asignaciones, lo triste es que en teoría sí, pero en la práctica no. Deberían basarse en la Necesidades Básicas Insatisfechas, el número de habitantes y el esfuerzo fiscal de cada departamento, entre otros, pero sorpresivamente en este país de pirámides, corrupción y politiquería, son el bolígrafo y el dedo los fundamentos para realizar tal distribución.

Esperaríamos que se estuviera cerrando la brecha entre los departamentos ricos y pobres, pero año tras año está aumentando la diferencia. Que extraño que departamentos como Chocó, con NBI del 80 por ciento y 467 mil habitantes, les dejen para inversión 316 mil millones de pesos, o al Putumayo se le asignen 237 mil millones de pesos cuando tiene un 34,5 por ciento de NBI y una población de 319 mil habitantes, peor aún, Nariño que tiene un 44 por ciento de NBI y una población de un 1.600 mil habitantes, se le asignan tan solo 555 mil millones; para solo citar unos pocos de la gran mayoría de los departamentos discriminados. No es coincidencia la caótica situación social y de orden público que afrontan esos departamentos por la ausencia de Estado y desgobierno. De allí, que sus habitantes hayan emprendido diferentes marchas atravesando el país, iniciando con la de los indígenas a la cual se le sumaron los campesinos y corteros de caña del Valle, los estudiantes de las universidades públicas y por último, los perjudicados con las pirámides, producto de la negligencia y tardías decisiones tomadas en los últimos tiempos.

No obstante, todo sigue sin respuesta efectiva y la culpa siempre es de otros.

Aclarando que admiro a Antioquia y a la tenacidad de su gente, he denunciado que sin razón diferente a que el Presidente es oriundo de esta región, en los últimos seis años ha recibido los mayores aportes y partidas. Por ejemplo , en el presupuesto del 2009, este departamento recibirá solo para inversión 1,6 billones, valor superior al de Bogotá que tan solo asciende a 1,4 billones, superándolo en habitantes en más de un 1'700 mil, realizando mayor esfuerzo fiscal y aportando a la nación por impuestos más del 50 por ciento de los que recibe en total el país. Adicionalmente absorbe cada año la llegada de por lo menos 300.000 desplazados, que representan el equivalente a una población intermedia. No hay razón para tal discriminación con la capital, y la cosa se pone peor si analizamos lo que recibirán los antiguos territorios nacionales que en extensión son media Colombia. A estos se les dará menos de un billón de pesos y luego el Gobierno dice no entender por qué allí crecen los cultivos ilícitos, las fórmulas innovadoras de dinero fácil y la economía subterránea a manos de grupos al margen de la ley. Con estos recursos miserables será imposible impedir la hecatombe para esta región que se le está saliendo al Gobierno nuevamente de las manos.

Son malas las tarjetas prepago de DMG, pero mucho más perversas las carnetizaciones y empadronamiento que han realizado con las Familias en Acción, Familias Guardabosques y otros programas manipulados electoralmente por los supuestos uribistas.

Bien se lo dije al ministro Zuluaga, que la profunda desaceleración económica, que ya empezamos a vivir, no es debida a la crisis internacional, sino a la improvisación y omisión del Estado al no defender los ahorros de la población, que desesperada no encontró respuesta en las instituciones públicas y mucho menos en el sector financiero.

No más asistencialismo electorero, necesitamos inversión social real. Nos urge realizar en el próximo periodo una reforma financiera estructural y no la colcha de retazos que presentó Hacienda.

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Camilo Sánchez Ortega Senador