Las discrepancias entre quienes promovemos la ley de reparación a víctimas de la violencia y el Gobierno, han girado en torno a las preocupaciones de éste sobre los costos fiscales y la inclusión de víctimas de agentes del Estado en el universo al que se dirige la ley. Lo anterior, por la visibilidad de la discusión, ha opacado una comprensión del sentido integral que debe acompaña una política de reparaciones.

Reparar no se limita a una indemnización económica, o por lo menos no es su única expresión. Reparar es desarrollar una serie de acciones materiales, morales y simbólicas que contribuyan a aproximar a las víctimas a las condiciones de vida que tenían previamente al hecho victimizante.

Una precondición para iniciar la reparación de las víctimas es que ellas puedan conocer la verdad sobre el autor, autores, móviles y circunstancias de los hechos victimizantes, asunto que solo puede hacerse a través de un proceso judicial o a través de instituciones como las comisiones de la verdad. Solamente quienes hemos oído los desgarradores testimonios de las madres que suplican ayuda para conocer el paradero de sus hijos, o su cadáver, cuando han sido desaparecidos o reclutados por organizaciones armadas ilegales, podemos entender el significado reparador de la verdad.

Reparar consiste también en que la sociedad y el Estado a nombre de ella, reconozcan a las víctimas como tal y desplieguen acciones para redignificarlas. En otras latitudes, los propios jefes de Estado han pedido perdón a las víctimas en nombre de la sociedad por los dramáticos sucesos que vivieron, independientemente de su responsabilidad o no con los hechos victimizantes. Desafortunadamente,en Colombia algunos sectores del Gobierno están a la defensiva y asumen que al perdón y la reparación solo están obligados los victimarios. Grave error, el perdón corresponde también pedirlo al Estado, porque representa a una sociedad que en su conjunto debe contribuir a sanar las heridas de décadas de barbarie. Hacerlo tiene un efecto enorme en el imaginario de millones de colombianos que han cargado con su drama ante la indiferencia del Estado y la sociedad.

Una de las características que marcan una diferencia entre lo ocurrido en Colombia con lo acaecido en otros países que han vivido situaciones de violencia similares, es el despojo de la propiedad y ocupación de la tierra que han vivido miles de campesinos en varias regiones del país, que además contribuyó a incrementar la concentración de la propiedad rural. En Colombia la reparación debe ir acompañada de políticas judiciales y administrativas que permitan devolverle la tierra a quienes fueron despojados de ella.

Este proyecto de ley ha adquirido una gran visibilidad por cuenta del apoyo que ha tenido de la comunidad internacional. Desde el mundo desarrollado se observa con mucho interés todo lo que se haga a favor de los derechos humanos en Colombia. Este proyecto es en realidad una compilación de la legislación internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones. Por lo tanto, el Estado tiene con esta iniciativa legislativa la oportunidad de mostrarle al mundo su compromiso con los derechos humanos y de promover con él una verdadera reconciliación entre los colombianos.| 

Guillermo Rivera Representante a la Cámara