Las acciones indebidas realizadas en contra de la población civil por grupos armados al margen de la ley, y la impotencia (¿o sería indiferencia?) de los organismos del Estado, para dar la debida protección a la vida, honra y bienes de amplios sectores de la sociedad colombiana, llevaron a la organización de grupos de defensa privada, que posteriormente se transformaron en verdaderos ejércitos autónomos, que poseían lineamientos políticos y militares coordinados para actuar al margen de la legalidad, con el fin explícito de sustituir el orden institucional legítimamente constituido. La barbarie que desataron a lo largo y ancho del país, constituyó una locura colectiva que resultó cohonestada por importantes sectores de la sociedad colombiana.
Las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia en los últimos meses, han evidenciado este hecho, no solo en el campo público, sino también en el ámbito del sector privado. Con desconcierto día a día presenciamos que congresistas, diputados, concejales, altos funcionarios del Estado, oficiales de alto rango de las Fuerzas Militares, fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores, importantes empresarios, tanto nacionales como extranjeros, no fueron simplemente observadores indiferentes de las acciones delictivas de este aparato de destrucción, sino que, en muchos casos, participaron de una u otra forma, financiando, orientando, e incluso, compartiendo sus acciones. Y lo que es más grave, que algunos de estos individuos continúan auspiciándolos o simplemente continúan colaborándoles para mantenerlos fuera de la posibilidad real de tener que soportar el peso de la justicia.

Ante semejante panorama, cobra especial importancia no solo para las víctimas de estas conductas, sino también para el bien de todo el país, la existencia de un organismo supranacional como la Corte Penal Internacional (CPI), que se convierte en garantía para que estos delitos no queden impunes, y para que en el futuro no se cometan los mismos errores del inmediato pasado y de nuestro presente.

La descripción de los delitos de Lesa Humanidad que hace el Estatuto Penal de la CPI, permiten afirmar que muchos de ellos aparecen inmersos en las conductas asumidas por los protagonistas de las acciones asociadas con la 'parapolítica', el 'paramilitarismo' y la 'Farcpolítica. Los hechos atroces cometidos en los últimos años (desmembración de seres vivos, juegos de pelota con las cabezas de los cuerpos recién decapitados, violaciones, masacres de niños, mujeres y ancianos, desaparición forzada, desplazamientos forzados de la población civil, firma obligada de escrituras para traspasar la propiedad de inmuebles, secuestros, enriquecimientos ilícitos, asalto a las arcas públicas entre otros) no pueden quedar impunes.

Ojalá que no siga haciendo huella la tendencia generalizada en una buena parte de nuestra sociedad de justificar estas reprochables acciones para perdonar a sus actores, con el argumento simplista de que se justificaban para acabar al contrario que también estaba delinquiendo. Porque de ser así, nuestra conciencia se encargará de pasarnos la cruda cuenta de cobro, cuando en el futuro veamos repetida la misma historia y expuestos a nuestros hijos a situaciones similares.

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Gustavo H. Cote Peña Ex director de la Dian