El mundo es realmente una aldea global gracias a la tecnología y a la conectividad que nos permiten hacer cosas que aún no imaginamos. Pero, no obstante, con semejante capacidad tecnológica, el planeta es golpeado a menudo por desastres naturales: inundaciones, deslizamientos o derrumbes, huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis, sismos..., etc. Lo primero que nos tenemos que plantear antes de hacer frente a las consecuencias de una catástrofe es saber si ésta podía evitarse o si, al menos, podía predecirse para poder mitigar su impacto en la población. Desde este punto de vista, el factor tiempo es clave para poder actuar.

Es aquí cuando las tecnologías de las telecomunicaciones, la electrónica y el software (ETI) entran a jugar un papel importante en las tareas de prevención, atención de la emergencia o el desastre, y recuperación de las condiciones de normalidad dentro de la población afectada. Tener un buen sistema de alerta para estos casos es el primer requisito para dar una óptima respuesta evitando muchos de los daños personales y materiales posteriores.

El siguiente paso imprescindible es informar a la población del problema de una forma rápida y clara, que facilite preparar las siguientes acciones. El caso del tsunami asiático es un ejemplo significativo de esto porque, si bien los centros meteorológicos de la zona detectaron el peligro, las autoridades no pudieron alertar a tiempo a la población de la costa. En este caso, la comunicación entre los centros de detección y las zonas afectadas no fue lo suficientemente rápida ni capilar para evacuar a la población.

Esta es solo una muestra de cómo la tecnología puede tener impacto inmediato y prestar apoyo de manera eficiente en situaciones de emergencia y desastre. Esto se evidencia con mayor intensidad en los entornos rurales, puesto que las infraestructuras que posibilitan las telecomunicaciones suelen instalarse con mayor frecuencia en entornos urbanos o más poblados.

Para ello, el Gobierno Nacional debe impulsar una regulación que atienda estas circunstancias en situaciones de emergencia y desastre; las universidades deben considerar en sus agendas de investigación y proyectos de maestría y doctorado un enfoque de mayor pertinencia en estos temas; y los proveedores deben plantear en sus estrategias estas nuevas oportunidades basadas en la innovación de soluciones que combinan las tecnologías ETI y consideran el marco regulatorio.

Lograr el trabajo conjunto y coordinado de estos actores es una tarea que requiere de más acciones y menos discurso. Se deben procurar ejemplos puntuales y efectivos, que permitan reconocer capacidades y modelar los esquemas de participación para emprender iniciativas de mayor envergadura, y lograr un apoyo eficaz y eficiente para la población afectada en situaciones de emergencia y desastre.

*Columna de la Fundación Buen Gobierno.

Daniel Rosas Tapia Presidente TES América Andina