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En Argentina, en los últimos 10 años, 10 millones de hectáreas dispuestas a la ganadería se han convertido en granjas de soya transgénica, producto que hoy representa 50 por ciento de la siembra total del país. Algo similar ha sucedido con otros cereales claves para la canasta familiar como el maíz y el trigo, hasta el punto que muchos hablan de la soya como el monocultivo argentino.

El motivo de este cambio no es el auge de los biocombustibles que ha disparado el precio de los alimentos en general, y tierras en todo el mundo, sino más bien, las políticas del Gobierno Kirchner que no han hecho otra cosa que desestimular la producción agrícola.

Su primer error fue la política de fijación de precios a los alimentos de la canasta familiar con el fin de frenar la inflación. Este movimiento llevó a los agricultores a buscar cultivos alternativos sin restricciones o a dedicarse a la exportación, afectando profundamente el abastecimiento nacional. Solo en el 2007, el precio de la carne creció un 30 por ciento, no muy por encima del precio general de los alimentos que fue del 26,9 por ciento.

El segundo error fue la restricción a la exportación de productos agrícolas, principalmente la carne, con el fin de retener la mayor cantidad de alimentos posibles dentro del territorio nacional y como en el caso anterior, tratar de controlar la inflación. Solamente en el tema cárnico, esta decisión, puede llevar al cierre de decenas de centrales de sacrificio, de plantas de transformación y al despido de cerca de 7.000 empleados de este sector. Con esta decisión se echa por la borda millones de dólares en inversión e infraestructura y la estabilidad para los inversionistas.

Finalmente está el tema del aumento a las tasas impositivas a través de un esquema de retenciones móviles a la producción que en los próximos cuatro años pasará del actual 35 al 44 por ciento, y que podría aumentar aún más si la tonelada de soya supera la barrera de los 600 dólares. Con esto el Gobierno argentino espera recaudar 3.000 millones de dólares adicionales, dinero suficiente para no tener que salir a buscar endeudamiento externo este año.
Esta decisión no solo desestimula la producción y ahuyenta a los agricultores de un producto que ha traído riqueza a muchos de ellos, sino que genera un ambiente de desconfianza por medidas futuras que el Gobierno pueda tomar con el agro.

Lo curioso es que, mientras en el mundo se hacen incontables esfuerzos por estimular la producción, por encontrar cultivos con buen margen, buena demanda internacional y que devuelvan la atención de los inversionistas hacia el agro, en ese país parece que se le quiere castigar.

En Colombia, también se han dejado oír propuestas ministeriales con respecto a una fijación de precios a ciertos productos, con el mismo objetivo. Retener el avance inflacionista. A pesar de la presión que el incremento de precios genera en el sector transformador, a pesar de cómo estos reducen la utilidad o liquidan la viabilidad de algunos productos, a pesar de poner en aprietos el crecimiento en ventas de nuestras compañías, esta es una idea que, solo por el ejemplo argentino, no nos puede tentar. 

Mariano Arango L. / Director revista La Barra