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Décadas, por no decir siglos, le costó a la humanidad considerar la educación de sus niños y de sus jóvenes, un derecho. Mucha agua tuvo que correr debajo de los puentes para que eso sea así. Y mucha sangre. Dudo que haya un país en el mundo -pero puedo estar equivocado-, que no incluya en su proyecto de nación la perentoriedad de ese derecho, al punto de que la mayoría lo considera obligatorio y gratuito. Por lo menos formalmente, la conquista de ese derecho es algo muy difícil de discutir en una sociedad que se llame así misma democrática, y con seguridad cada país se habrá dado las leyes necesarias para protegerlo y realizarlo. Los recursos cada vez mayores que se destinan del Producto Interno Bruto para la educación de la población, así corroboran la preocupación de los Estados por ser mejores sociedades, porque se parte del supuesto que la educación es el motor del desarrollo, en al menos tres sentidos: como fuerza de trabajo y producción, como la garantía de la civilidad y la convivencia pacífica y como realización personal de los asociados, que entre todos conformamos esta cosa que llamamos sociedad.

Por eso al Estado le corresponde, como una de sus responsabilidades primordiales, educar en un sistema público y gratuito a sus ciudadanos si quiere que se puedan llamar así. La controversia por el fortalecimiento de la educación pública es la discusión sobre la sociedad democrática que queremos ser. La enorme dispersión del sector en miles de átomos privados, corre el riesgo de asociar la calidad de la educación con el poder adquisitivo de los educandos. No digo que la iniciativa privada no haya sido en muchos casos fructífera, e incluso deseable. Pero si el Estado no continúa recuperando el terreno que históricamente ha cedido, será muy difícil bautizarnos con el apellido de demócratas, cuando todos sabemos que aún existen diferencias estructurales entre la educación que se puede pagar y la que se paga con nuestros impuestos.

Aunque hay señales que hacen pensar en una reducción interesante de esa brecha, con solo salir un poco al campo colombiano o a los suburbios de nuestras ciudades, es fácil comprobar cómo es mucho el terreno que es necesario andar para terminar con tanto mercachifle vestido de maestro, y sobre todo con tanta inequidad endémica. Proyectos como el modelo de concesiones que se adelanta con un razonable éxito desde hace ocho años en Bogotá deben, a mi juicio, ser repensados y derivar quizás en una educación media que prepare para el mundo del trabajo a un número importante de sus estudiantes. De lo contrario, corremos el enorme riesgo de alejar de sus vidas, paradójicamente, la democracia que queremos para su futuro.

Juan Carlos Bayona Vargas - Rector, Gimnasio Moderno