Con quiebras del tamaño de la General Motors o de la aseguradora AIG ha pasado casi desapercibido otro enorme descalabro que puede tener inclusive mayores repercusiones económicas y políticas, y que en Colombia debemos analizar con cuidado, pues tiene muchas similitudes con lo que nos está empezando a pasar aquí.

Se trata de la quiebra de California, conocida como el 'estado dorado', es el más rico de Estados de la unión americana y representa casi el 15 por ciento de la economía de ese país. A pesar de no tener sino 37 millones de habitantes, el Producto Interno Bruto de California es cercano a 1.8 billones de dólares (8 veces más grande que el de Colombia), y si fuera un país independiente California sería la octava economía más grande del mundo con un tamaño similar al de Italia o España.

A pesar de su tamaño y riqueza, California enfrenta una crisis fiscal sin precedentes: es uno de los estados más golpeados por la recesión económica, de manera que los ingresos fiscales han caído drásticamente y se estima que este año el déficit puede ascender a 41.700 millones de dólares. El tamaño relativo de este déficit (2,5 por ciento del PIB) sería manejable para un país independiente con banco central, moneda propia y capacidad de endeudamiento, pero es imposible de manejar en las circunstancias actuales de cierre de los mercados financieros para un Estado federal como California que tiene la segunda calificación más baja de riesgo crediticio. Simplemente no hay quien le quiera prestar.

Para enfrentar el problema, las autoridades californianas estaban obligadas por la Constitución estatal a acudir a la soberanía del pueblo, esa "etapa superior del Estado de Derecho que es el estado de opinión" -como dice sin sonrojarse el presidente Uribe-, y convocaron para el pasado 19 de mayo un referendo con 6 proposiciones, 5 para subir impuestos y una para congelar los sueldos de los empleados públicos. Como era de esperarse, a través del voto popular las mayorías rechazaron los aumentos de impuestos y sólo aprobaron el congelamiento de salarios, que sólo reduce en una mínima parte el déficit.

La única alternativa que le queda entonces al gobernador de California, el conocido actor Arnold Schwarzenegger, es apretarse el cinturón y recortar el gasto público. Así ya anunció la cancelación de programas de inversión pública por 3.800 millones de dólares, incluyendo autopistas, asilos para ancianos y cárceles.
Además se va a reducir el presupuesto de todas las dependencias oficiales, y se van a despedir a 22.000 empleados públicos, lo que va a afectar severamente los programas de salud y educación públicas. Se estima que las instituciones de educación pública verán reducido su presupuesto en 6.300 millones de dólares.
Cuando la mayoría de los países del mundo están adelantando programas de estímulo fiscal para combatir la recesión, las restricciones fiscales obligan a California a ir en contravía y recortar el gasto público, lo que sin duda va a agravar la crisis en ese estado. ¿Suena parecido con la situación de Colombia?

Una de las causas estructurales del déficit fiscal de California es la rigidez e inflexibilidad de los ingresos fiscales. No por contratos de estabilidad jurídica como en Colombia, sino como resultado de haber tomado la vía de la democracia directa -los referendos- para decidir los impuestos. En efecto, en 1978 en un referendo popular los californianos aprobaron la llamada Proposición 13, que limita los aumentos del impuesto predial para que los propietarios no tuvieran que pagar más impuestos si aumentaba el precio de sus viviendas. De esta manera se cercenó la principal fuente de ingresos estatales y California depende hoy más de los impuestos a la renta y a las ventas que son los que más caen en una recesión.

Lo más complicado es que se necesitaría otro referendo para levantar esta prohibición. 

Mauricio Cabrera Galvis