Hay dos cosas que son casi imposibles para los economistas. Una, acertar en los pronósticos sobre el precio del dólar; la otra, ponerse de acuerdo en las recomendaciones de política para cualquier objetivo. Más aún, es posible que con un poco de suerte alguna vez se logre adivinar cómo va a terminar el año la tasa de cambio, pero lograr un consenso entre economistas es casi tan difícil como hacerlo entre abogados, entre otras razones, porque las teorías económicas siempre están mezcladas con componentes ideológicos y políticos.

En Colombia, desde los noventa se fueron haciendo más agudas las controversias entre las distintas escuelas económicas, atizadas además por la polarización política y partidista que se ha dado en el país. Por eso, es casi un milagro que de pronto se superen las barreras ideológicas y los economistas de todas las tendencias se pongan de acuerdo en criticar el modelo de la 'confianza inversionista', que es uno de los ejes de la estrategia económica del Gobierno.

Por supuesto, nadie cuestiona la importancia de la inversión para el crecimiento, ni la necesidad de un marco de estabilidad para que se tomen decisiones de inversión. La crítica general es a la forma cómo se está utilizando la política tributaria para este propósito, es decir, a la estrategia oficial de tratar de estimular la inversión mediante subsidios directos o gabelas tributarias como las exenciones a zonas francas o la doble deducibilidad de los gastos en activos fijos. Es decir, a la política de regalar recursos públicos a los inversionistas, en particular a los grandes empresarios, y garantizarles que esos regalos van a ser permanentes mediante la suscripción de los contratos de estabilidad jurídica.

Contra la efectividad de esta política y su gran costo para las finanzas públicas se han manifestado economistas de izquierda, de centro y de derecha, liberales y conservadores, clásicos, neoclásicos, estructuralistas, neoliberales y keynesianos. Centros de investigación de orientaciones tan diferentes como Anif, Fedesarrollo, la Universidad de los Andes y la Nacional, coinciden en la crítica. También están de acuerdo en los cuestionamientos ex ministros de los gobiernos de Turbay, Betancour, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana, es decir, de todos los matices políticos; hasta ex funcionarios de Uribe y los pocos economistas de su equipo económico manifiestan en privado sus reservas frente a este modelo.

La efectividad de los recortes de impuestos para estimular la inversión y acelerar el crecimiento, que se volvió casi un dogma desde el Gobierno conservador de Reagan, hoy es refutada en los mismos Estados Unidos con la experiencia de las últimas décadas. Además, en Colombia estos estímulos en muchas ocasiones solo han servido para modificar el sitio de la inversión o para aumentar la rentabilidad de proyectos que ya habían sido decididos antes de recibir el subsidio.

De otra parte, preocupa a los economistas el costo fiscal tan elevado. Según el Ministro de Hacienda en el año 2007, los subsidios tributarios ascendieron a $5.8 billones, con un crecimiento anual del 22%, de los cuales 3,5 billones correspondieron al costo fiscal de la deducción del 40 por ciento por inversión en activos fijos. Este estimativo del Ministerio no incluye los 650.000 millones de pesos que según el presidente Uribe se le regalaron a los exportadores, ni los 500.000 millones de pesos anuales que regala el Ministerio de Agricultura a través del programa AIS. Tampoco se incluyen en estos cálculos el impacto de las zonas francas ni de los contratos de estabilidad jurídica, que según el Gobierno no tienen costo, ni el de los subsidios a la vivienda de clase alta a través de las cuentas AFC, porque el Ministerio no sabe cuánto le cuestan.

Si se logró el milagro de poner de acuerdo a todos los economistas, es porque está equivocada la forma como el Gobierno quiere dar confianza a los inversionistas.

Mauricio Cabrera Galvis