Como el cónyuge engañado que es el último en enterarse de su infortunio, así los funcionarios oficiales -de Presidente para abajo- fueron los últimos en percatarse que la economía colombiana no estaba blindada ante los coletazos de la crisis financiera internacional. La falsa ilusión de que la confianza inversionista y la Seguridad 'Democrática' eran los motores del crecimiento, los hizo creer que la multiplicación de las inequitativas gabelas tributarias a los empresarios y los exitosos golpes asestados a la guerrilla eran suficientes para garantizar que seguiríamos creciendo a pesar de la recesión mundial.

Las cifras del Dane confirmaron que tenían (teníamos) razón los analistas que anunciaron la desaceleración de la economía, pero fueron más negativas de lo esperado, porque nadie había pronosticado una caída del PIB como la que hubo (el -0.7%) en el último trimestre del año pasado. También se cayeron las proyecciones de crecimiento para este año que eran hasta del 3%, y ahora escasamente superan el 0,5%.

Por supuesto que este frenazo no es culpa del Gobierno, como tampoco lo fueron los buenos resultados de los años anteriores, sino que tanto la bonanza como la recesión fueron impulsadas por el contexto internacional. Lo que sí es responsabilidad del Gobierno es la falta de una respuesta adecuada al choque externo, que se evidencia en tres aspectos. Primero por la falta de ahorro durante las 'vacas gordas', que le impide ahora tener recursos para incrementar el gasto público; segundo, por la lentitud en adoptar medidas reales y efectivas de estímulo, que vayan más allá de reempacar el presupuesto anterior y presentarlo como gasto adicional. Tercero, por la adopción de medidas fiscales pro-cíclícas, es decir, que van a agudizar la recesión.

La política fiscal del Gobierno colombiano va en contravía de lo que están haciendo los gobiernos del mundo entero. Mientras en otras latitudes se trata de impulsar la demanda interna mediante inversión pública adicional y, en algunos casos como E.U., mediante la reducción de impuestos a los grupos de ingresos medios y bajos, en Colombia se hace todo lo contrario.

El aumento (ilegal) del impuesto a la gasolina y la propuesta de reforma de los impuestos de departamentos y municipios son casos evidentes de esta contravía. Se trata de medidas que en otras circunstancias podrían ser convenientes y hasta necesarias, pero ahora son tan inoportunas como pedirle una donación de sangre a un anémico.

En efecto, subir el precio interno de la gasolina dizque para crear un fondo de ahorro para la eventualidad de que el precio internacional del petróleo vuelva a subirse, es reducir la capacidad adquisitiva de los consumidores, cuando lo que se necesita es aumentarla para que gasten más. Lo mismo sucede con los aumentos de los impuestos de motos, vehículos, licores y prediales. Nadie discute la necesidad de fortalecer los fiscos de las entidades territoriales, pero estos los paga sobre todo la clase media que tendrá que apretarse el cinturón y reducir sus otros gastos.

Aún en medio de la crisis es una actitud responsable preocuparse porque no aumente demasiado el déficit fiscal, pero esto debe hacerse como lo hizo Obama, aumentando los impuestos a los más ricos, cuyo consumo no se ve afectado por esta razón. Aquí el Gobierno debería eliminar todas las exenciones tributarias a las empresas que valen más de $6 billones y poco o nada contribuyen al crecimiento y al empleo. 

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Mauricio Cabrera Galvis