Varios analistas han señalado la necesidad de que el país analice sus problemas en una perspectiva de largo plazo e independiente de la figura omnipresente del presidente Uribe. Uno de los primeros temas que hay que des-uribizar es el de la reelección, la cual debe discutirse en el contexto general de sus ventajas y desventajas para la democracia colombiana y no solo referida a si fue bueno o malo el segundo período de Uribe, o a los efectos perjudiciales de un eventual tercer período.

También es importante no caer en el falso dilema que ha planteado en el Congreso de la República la coalición uribista con la presentación simultánea de dos proyectos de reforma a la Constitución: el proyecto del referendo para permitir la reelección inmediata de "quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales" (es decir de la única persona que cumple ese requisito, que es Álvaro Uribe en el 2010), y el proyecto de Acto Legislativo para permitir que quien ya haya sido reelegido pueda serlo otra vez "transcurrido otro período constitucional" (es decir de Álvaro Uribe en el 2014).

Con estas dos propuestas, y con la discusión jurídica sobre cuando aplicaría el texto del referendo, el presidente está logrando que la discusión en la opinión pública ya no sea sobre la conveniencia o inconveniencia de su segunda reelección, sino si sobre esta debe hacerse en el 2010 o en 2014. Es una brillante jugada política que le daría envidia al propio Maquiavelo, que trata de convencer al país que el tercer período de Uribe ya es un hecho inevitable, y que lo único que queda para discutir es si debe ser inmediato o dentro de 4 años.

Para no caer en la trampa es importante recordar el intenso debate que se dio en el 2004 cuando se propuso y aprobó la reforma del 'articulito', el 197 de la Constitución, que prohibía tajantemente la reelección. Los historiadores recordaron que en 180 años de vida republicana en Colombia nunca se había permitido la reelección inmediata del mandatario, y que las pocas experiencias de segundos mandatos no fueron exitosas; los académicos apuntaron a la historia reciente latinoamericana donde fueron evidentes los resultados negativos de los presidentes que cambiaron las reglas de juego para lograr el beneficio de su propia reelección (Menem, Fujimori y Chávez).

Los expertos constitucionalistas mostraron con sólidos argumentos el desajuste institucional que produciría la reelección inmediata en el caso colombiano, puesto que toda la estructura del Estado había sido concebida para ejercicios presidenciales de un solo período. Fueron señalados peligros evidentes como la concentración de poderes en cabeza de un presidente en ejercicio durante 8 años por los nombramientos de la junta directiva del Banco de la República, del Fiscal, del Procurador, o de los magistrados de las Cortes; también se advirtió sobre el riesgo de que el presidente-candidato dejara de ser el símbolo de la unidad nacional como lo exige la misma Constitución.

Por parte de los politólogos se analizaron las consecuencias sobre las campañas electorales donde la participación de un candidato-presidente no solo violaba de manera flagrante el derecho de igualdad de los otros candidatos y debilitaba las garantías a la oposición, sino que se abría la caja de Pandora de la participación de los funcionarios públicos en política y del uso de todos los recursos del Estado, -presupuesto, nóminas y contratos- para favorecer la reelección.

Todos estos argumentos fueron derrotados en el Congreso con la ayuda de Yidis y Teodolindo y en las urnas por la inmensa popularidad de Uribe que llevó a muchos colombianos a pensar que aunque en sí misma la reelección no fuera buena, la de Uribe sí era conveniente. Pero superada esa etapa y desuribizado el tema es importante que se plantee el debate sobre la necesidad de echar para atrás la reforma del 2004 y volver a la Constitución del 91, es decir a la prohibición de la reelección.

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Mauricio Cabrera Galvis