El gran ausente de la agenda económica del presidente Uribe es el empleo. Por lo menos así se desprende de la completa entrevista que dio al diario PORTAFOLIO en la que solo de pasada mencionó su preocupación porque "un período recesivo nos frene la reducción del desempleo y la pobreza". Frente a ese riesgo su única receta es aumentar el crecimiento económico para lo cual hay que mantener el "énfasis en la seguridad democrática y la confianza inversionista". Como bien señaló Rudolf Hommes, el Presidente no tiene una estrategia, ni un plan de largo plazo ni se compromete con resultados.

Pero en materia de empleo, el problema del modelo económico uribista es más grave que no tener una estrategia y confiar que el solo crecimiento económico es suficiente para generar la cantidad de puestos de trabajo necesarios para absorber a los millones de colombianos que hoy están desempleados, y a los cientos de miles de jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral. El problema radica en que el presidente ha montado un modelo de crecimiento sin empleo (jobless growth), porque su preocupación es mantener la confianza de los inversionistas aún a costa del bienestar de los trabajadores.

El eje de la estrategia económica de Uribe es el estimulo a la inversión mediante gabelas tributarias como las exenciones a zonas francas, los contratos de estabilidad tributaria o la deducibilidad de los gastos en activos fijos. Expertos tributaristas han cuestionado la efectividad de estas medidas así como su impacto negativo sobre las finanzas públicas, pero además se debe enfatizar que no contribuyen a la creación de empleo, e inclusive pueden inducir la eliminación de puestos de trabajo. La razón es simple: con los beneficios tributarios se abarata el precio de los bienes de capital, lo cual lleva a los empresarios, que son racionales, a cambiar sus procesos productivos haciéndolos más intensivos en uso de maquinaria y menos en la utilización de mano de obra. La consecuencia es que se aumenta el volumen de producción, pero con un número igual o menor de trabajadores.

Las cifras del Dane confirman de manera indiscutible esta realidad. En los 6 años de Uribe la producción industrial ha crecido un 40%, mientras que el empleo en el sector solo 1.1%. Peor aún, como consecuencia de las políticas anti-laborales de Uribe se deterioró la calidad del empleo, porque este mínimo crecimiento se explica por un aumento de 27% de los trabajadores temporales que compensó la reducción del 15% en el número de permanentes.

Si se mira el conjunto de la economía, la situación es menos grave, porque la expansión de los sectores de comercio y servicios si requiere más mano de obra, pero de todas maneras se constata que la dinámica del empleo es muy inferior a la del PIB. En efecto, en estos 6 años se crearon un millón y medio de nuevos puestos de trabajo lo cual significa un crecimiento del 9.9% en el número de empleos, mientras que el PIB lo hizo en un 34%, es decir que el empleo creció la tercera parte que la producción.

Donde sí es dramática la situación es en el sector agrícola, no solo por su bajo ritmo de crecimiento en el Gobierno de Uribe -solo el 12% acumulado- sino por la destrucción de empleo que se dio en la zona rural en estos años. Según el Dane a mediados del 2002 había 4,2 millones de personas trabajando en el campo y seis años después solo 3,8 millones, es decir una reducción de casi el 10%.

Dado que es en el campo donde se han tenido los mejores resultados en materia de seguridad, y que ahora no solo la gente puede ir a sus fincas de recreo sino que los inversionistas han recobrado la confianza para invertir en la agricultura, se debe concluir que la seguridad y la confianza son necesarias pero no suficientes para estimular el crecimiento y mucho menos para generar empleo.

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Mauricio Cabrera Galvis