A medida que se van conociendo los alcances de los tentáculos de la 'parapolítica', con más congresistas investigados y en la cárcel, se multiplican también las propuestas para sacar al país de esta profunda crisis institucional que amenaza con convertirse en hecatombe. Reforma Política en el Congreso, Asamblea Constituyente, Consulta popular, anticipo de elecciones y revocatoria del Congreso, cambio de jueces para los congresistas, etc., son algunas de las fórmulas planteadas, cada una de ellas con defensores y detractores.

Sin embargo, hay que decir que el debate sobre el mecanismo que se elija es secundario y que es más importante definir los objetivos precisos que se buscan y los requisitos para la reforma. Uno de estos requisitos, en el que coinciden casi todos los analistas, es la necesidad de un gran acuerdo nacional, un consenso entre todas las tendencias políticas y también la sociedad civil, que permita reconstruir el pacto social hoy debilitado por la polarización en que ha caído el país. Si se logra este gran acuerdo, casi cualquiera de los mecanismos propuestos puede servir para plasmarlo en cambios que devuelvan la legitimidad a las instituciones democráticas.

¿Quién debe liderar la construcción de este acuerdo? No hay duda en que debe ser el Presidente de la República, por una razón institucional y otra coyuntural. La institucional consiste en que el carácter presidencialista del Estado colombiano hace imposible que cualquier cambio político de fondo se haga sin la aquiescencia y el apoyo del Ejecutivo. Es el Presidente -quienquiera que sea- el único que tiene el control de todos los hilos políticos necesarios para cambiar la forma de hacer política en Colombia.

La coyuntural, es que uno de los factores que motivaron la elección del presidente Uribe fue su compromiso de acabar con la corrupción y la politiquería y, aunque hasta ahora no ha cumplido su promesa, la gran popularidad que mantiene le permitiría convocar al país entero a la gran tarea de transformar la costumbres políticas. Pero para que sea exitosa esta convocatoria debe ser nacional, es decir, que incluya no solo a los amigos y aliados del Presidente, sino a todas las fuerzas políticas y a toda la sociedad.

El gran obstáculo que existe hoy para el gran acuerdo político es la posibilidad de la segunda reelección. Porque una convocatoria de carácter nacional la puede hacer el Presidente de la República como símbolo de la unidad de la nación, pero no la puede hacer un candidato a la presidencia que no representa sino a una parte del país, a unos grupos políticos -así estos sean mayoritarios- y a unos intereses particulares.

Cualquier reforma impulsada por un presidente en campaña de reelección siempre va a suscitar la sospecha que se hace en beneficio propio y no del país. Por ejemplo, hasta la propuesta de una Asamblea Constituyente sería bloqueada, si no hay la certeza que en ella no se va a volver a cambiar otro 'articulito' para permitir la segunda reelección.

El presidente Uribe tiene, pues, la gran oportunidad de demostrar su liderazgo para evitar la hecatombe institucional. Pero no va a poder hacerlo mientras mantenga su actitud ambigua frente a la reelección: mientras sus amigos buscan firmas para promoverla, él no dice ni que la está buscando ni que la rechaza, sino todo lo contrario. Debe definir si es Presidente o candidato.

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Me comentaba un amigo abogado que si a Yidis la meten a la cárcel por el delito de cohecho, a los funcionarios del Gobierno que la persuadieron de votar a favor de la reelección a cambio de unos puesticos los debían condenar por un delito diferente que se podría denominar 'Estupro Político'.

La razón es que su viejo profesor de derecho penal en la Javeriana definía así el estupro: "Prometer para meter y después de haber metido no cumplir lo prometido".

Mauricio Cabrera Galvis