Se ha dicho que el caso Carimagua demuestra la falta de política del Gobierno Uribe en la devolución de tierras a los campesinos desplazados por la violencia. Pero esto no es cierto. El Presidente y su Ministro de Agricultura sí tienen una política muy clara para los desplazados, y consiste en poner todas las trabas posible para que puedan volver a tener un pedazo de tierra propio donde rehacer sus vidas.
Las cifras hablan por sí solas. El número de familias desplazadas en la última década según los registros de la Presidencia llega a 519.702 -y pueden ser unos 300.000 más según las ONG que trabajan con los desplazados-, mientras que los hogares beneficiados con entrega de tierras han sido solo 4.653, es decir, menos del 1 por ciento de los afectados reconocidos por el Gobierno. Estos afortunados han recibido un promedio de 12 hectáreas por familia, para un ínfimo total de 54.565 hectáreas asignadas, que también son menos del 1 por ciento de los 6 millones de hectáreas que se apropiaron a sangre y fuego los paramilitares y narcotraficantes.
Para dificultar aún más la entrega de tierras, el Gobierno decidió que ahora el Incoder lo que va a entregar son subsidios en dinero para que los mismos desplazados sean los que compren los predios. En el Decreto 4984 de diciembre de 2007, se establecieron los requisitos para acceder a estos subsidios y la lista es tan larga que es prácticamente imposible que un campesino los pueda cumplir.
Para empezar hay que identificar el predio, mandarle hacer un avalúo por un profesional registrado en la Lonja y demostrar que tiene "la calidad mínima de los suelos en términos de clases agrológicas y la topografía requerida para el desarrollo del proyecto productivo de acuerdo a la tecnología del sistema de producción a ser implementado para asegurar un desarrollo competitivo y sostenible del mismo".
Además, hay que presentar un 'Proyecto Productivo' con especificaciones similares a las que pediría el Banco Mundial para un crédito de millones de dólares, y que son absurdas para subsidios que no pueden exceder los 25 millones de pesos. Hay que hacer un Estudio de Mercado que incluya "Descripción del producto y sus usos, productos sustitutos y complementarios. -Análisis de la oferta y la demanda, tamaño del mercado local, regional, nacional e internacional. -Frecuencia de compra, precios y lugares de venta. -Análisis de los precios, incluyendo evolución histórica y variaciones estacionales. -Costos comerciales y de distribución. -Sistemas de venta y pago de los productos en los principales canales y cadenas para su comercialización".
También se debe incluir la Licencia Ambiental y un Estudio Agropecuario de la zona que incluya "la tecnología disponible, la experiencia y tendencias de los productores, identificación de los recursos y limitantes que están incidiendo en el desarrollo actual de la región para ese proyecto productivo, y definición de las características potenciales de los productos que por sus condiciones agronómicas, puedan desarrollarse dentro del proyecto, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de riego, drenaje, mercadeo e introducción de técnicas modernas de cultivo".
Finalmente, se deben demostrar la viabilidad financiera del proyecto, incluyendo "un presupuesto detallado, el cronograma de obras y desembolsos, y el flujo de caja del proyecto. Con base en este último, la propuesta deberá incluir el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, TIR".
En el Valle del Cauca, 1.500 familias de desplazados iniciaron en el 2006 todo el proceso para recibir tierras; de estas fueron calificadas 717 familias y solo el 2 por ciento, alcanzaron a recibir una parcela antes de la expedición del mencionado decreto. Ahora el Incoder ha invitado a las restantes a que soliciten los generosos subsidios ofrecidos. Es de suponer que estos campesinos están muy contentos con la posibilidad de recibir plata, pero tienen dos pequeños inconvenientes: encontrar tierra en el Valle del Cauca que valga menos de 4 millones de pesos por hectárea, y ponerse de acuerdo con sus banqueros de inversión en la tasa de descuento que deben utilizar para calcular la TIR que les exige el Gobierno.
PUBLICIDAD