Muy equivocada, apresurada y tal vez ilícita, la forma como el Gobierno ha adelantado el proceso de privatización de las electrificadoras de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca. Además con el grave riesgo de producir un detrimento del patrimonio público, tal como lo denunció el Contralor General de la República.

La historia comenzó en el 2004, bajo Uribe I, cuando el Conpes, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario, aprobó la venta de las acciones de propiedad de la nación en estas 5 electrificadoras regionales, y se oficializó en julio del año pasado, bajo Uribe II, con la expedición de los decretos que definieron el programa de enajenación de las mismas, incluyendo la aprobación del avalúo ¿técnico¿ de las empresas según el cual el valor de las acciones estatales ascendía a 946 mil millones de pesos, siendo este el precio base para ofrecerlas en venta.

Desde el primer momento hubo críticas y rechazos a estas privatizaciones. En esta misma columna denuncie que se estaba haciendo una trastada a los fondos de pensiones al prohibirles comprar más del 3 por mil del total de acciones de cada empresa; el ex ministro Hommes coincidió en esta crítica y además alertó sobre el peligro de fortalecer los monopolios en el sector eléctrico en desmedro del sector social. La mayoría de los parlamentarios de esas regiones, incluyendo a los de los partidos uribistas, se opusieron a la privatización, lo mismo que los gobernadores de los departamentos involucrados, quienes además le plantearon al Gobierno la posibilidad de que las electrificadoras fueran vendidas a los entes territoriales.

La objeción más contundente a esta venta provino del contralor Julio César Turbay, quien en diciembre del 2007, formuló un ¿Control de Advertencia¿ y pidió al Ministro de Minas suspender el proceso de enajenación por considerar que la valoración estaba mal hecha. "Continuar el proceso bajo esas condiciones, implicaría el riesgo de menores ingresos para el Estado, lo que podría configurar detrimento patrimonial", afirmó el Contralor en su documento, y añadió que la Contraloría encontró "serias dificultades para obtener la información necesaria sobre los ejercicios de valoración adelantados por las Bancas de Inversión contratadas por ese Ministerio (?) lo cual va detrimento de la transparencia que un proceso de esta magnitud debe tener". Son críticas muy similares a las que hizo la misma Contraloría cuando el presidente Uribe quiso entregarle Telecom a un empresario mexicano.

Inicialmente el Gobierno desestimó todas las objeciones y críticas, inclusive las del Contralor, y decidió seguir adelante con la privatización que debía culminarse a finales del año pasado. Sin embargo, no pudo hacerlo en ese mes gracias a la afortunada intervención de jueces de la República que aceptaron las tutelas interpuestas contra la venta de las electrificadoras de Norte de Santander y Meta. Otra acción judicial en el caso de la empresa de Boyacá todavía está bajo estudio.

Lo extraño es que después de haber rechazado las críticas a la valoración de las electrificadoras, y de haber estado listo a venderlas a los bajos precios definidos el año pasado, el Gobierno cambió súbitamente de posición y expidió los Decretos 242 a 246 del 2008, mediante los cuales subió el precio de venta de sus acciones, el cual ahora es de $1.157 millones, es decir, 211 mil millones de pesos más que en el avalúo anterior.

El tardío reconocimiento de sus equivocaciones no exime al Gobierno de la responsabilidad política de las mismas. ¿Qué hubiera pasado si las acciones populares no hubieran demorado la subasta de las electrificadoras y estas se hubieran hecho a un precio más bajo que su valor? ¿Quién hubiera respondido por el detrimento del patrimonio público?

Subsisten otros interrogantes sobre este oscuro proceso. ¿Por qué la prisa de vender estos bienes públicos y no esperar que se definan todos los procesos judiciales?, ¿por qué no entregar la información necesaria a la Contraloría?, ¿por qué los límites ilegales a la compra por parte de los Fondos de Pensiones? Ojalá el Congreso tome cartas en el asunto para evitar que se siga feriando el patrimonio público.

Mauricio Cabrera Galvis