Si bien es cierto que la diplomacia brasileña se caracteriza por sus modales suaves, y sin las estridencias y escándalos utilizados por Hugo Chávez y Rafael Correa, no ha sido menos categórica en rechazar el acuerdo de cooperación militar de Colombia con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, aunque no amenace la seguridad nacional de los demás países.

Las declaraciones que el canciller Celso Amorin ha dado a la prensa no podrían ser más explícitas al respecto, pues condenó anticipadamente a Colombia y en cambio exoneró a Venezuela por la entrega de armas suecas a las Farc, porque en su opinión, no se sabe "si fueron robadas", y por considerar que este punto es "sólo un episodio" y en cambio el acuerdo de cooperación de Colombia con Estados Unidos "tiene carácter permanente".

A esta situación hemos llegado, porque el Gobierno de Colombia no se ha querido dar cuenta que su política de legítima defensa contra el terrorismo y el narcotráfico, no ha sido entendida ni compartida por sus vecinos. Ello quedo ampliamente demostrado en la Cumbre del Grupo de Río, celebrada en marzo de 2008 en Santo Domingo, cuando Colombia tuvo que pedir excusas por la incursión en Ecuador.

Para superar estas diferencias procedía adelantar una acción permanente con los gobiernos de la región, pero ante la ausencia de la misma el presidente Uribe ha tenido que recuperar el tiempo perdido en su viaje relámpago de la semana pasada.

El aislamiento político, la desconexión económica con la región, la fragmentación entre diplomacia y la defensa, la ausencia de concertación entre el Gobierno y la oposición y con otros sectores no gubernamentales (productivos, centros de pensamiento, científicos, trabajadores, entre otros), son nocivos para un país que aspira a lograr una influencia externa reconocida.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que una de las principales tareas del país en este comienzo del siglo XXI, en el marco del Bicentenario y en el contexto de la grave crisis global, es definir una gran estrategia internacional que combine la política exterior con la política de defensa, y busque más complementariedad entre el frente interno y el internacional.

La llegada al Ministerio de Defensa de Gabriel Silva, dada su formación y experiencia internacional, podría contribuir a alcanzar este propósito. Para esto es crucial una evaluación honda y seria de la inserción existente.

El Gobierno anuncio la creación de una Comisión para que presente propuestas al respecto, por lo cual sería oportuno conocer sus recomendaciones.