Algunas desatinadas declaraciones del Ministro de Minas y Energía constituyen un buen ejemplo de lo que estamos argumentando. Hace poco la emprendió contra los generadores eléctricos. Y contra la credibilidad de las cotizaciones del mercado de la bolsa de futuros de energía, donde se transan los contratos de compra-venta de kilovatios de los usuarios denominados como 'no regulados'.

Al Ministro le pareció -o le hizo caso con ligereza a quienes así se lo sugirieron- que los precios en este mercado estaban manipulados y demasiado altos; habló de posible "cartelización"; desconceptuó de un plumazo la idoneidad técnica de un mercado que el país lleva más de 15 años construyendo con todo esmero técnico; y le mandó los sabuesos de la Superintendencia de Servicios Públicos a los generadores como si fueran delincuentes.

En lo que no reparó el Ministro es que este mercado refleja las expectativas de los operadores. Como acontece con toda bolsa en donde se transan entregas futuras de cualquier producto. No se dio cuenta que las cotizaciones del kilovatio futuro están caras, porque la demanda de electricidad viene creciendo en el país más rápido que la oferta. Porque después de 10 años no entra en servicio ninguna nueva hidroeléctrica (la última fue Porce II). Tampoco reparó en que durante el año pasado los combustibles estuvieron caros, en especial el gas, pues el precio de referencia que es el crudo anduvo cercano a los US$150 el barril.

Pero lo más grave de todo: no tuvo en cuenta que sus precipitadas declaraciones son un pésimo mensaje que se da a los inversionistas nacionales y extranjeros. Los mismos a los que se les invitó a invertir miles de millones de dólares en la subasta que se convocó hace poco para construir la nueva capacidad de generación que el país debe emprender en la próxima década. Las investigaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos no terminarán en nada. Pues nada indebido han hecho los generadores. Pero el mal ya está causado; con las estridentes declaraciones ministeriales los inversionistas quedaron ahuyentados.

Con toda razón, ha dicho Acolgen: "el Gobierno ha prejuzgado públicamente y ha condenado en forma general a las empresas que realizan la actividad de generación sin primero escuchar las explicaciones ni respetar la institucionalidad y el debido proceso".

Igual sucede con la arbitraria medida que desde comienzos de año comentamos en esta columna: la de fijar por decreto un piso artificial al precio de la gasolina que -si se respetara el mercado y la política que se venía persiguiendo para liberar los precios de los combustibles- debería estar un 25% más baja en los surtidores de gasolina. Pero el Gobierno resolvió interferir abruptamente las reglas de juego. Tal como lo denunció la semana pasada el Gerente del Banco de la República. Lo que le valió por lo demás una descomedida réplica del Ministro de Minas. Como si el precio de la gasolina no tuviera que ver con la inflación. Estas son el tipo de actuaciones gubernamentales que en vez de construir, destruyen la 'confianza inversionista'.