Se están cumpliendo diez años de la ocurrencia del terrible terremoto que golpeó a Armenia y a su zona de influencia a finales de enero de 1999. Fue aquella una dura prueba para las gentes de la zona cafetera, para los departamentos y municipios de la zona afectada, y para el Gobierno de entonces.

Una evaluación del Banco Mundial -cuyo concurso siempre se solicita en cuanto desastre natural sucede en el mundo, y que por lo tanto cuenta con mucha experiencia en estas materias- ha concluido que el manejo que le dio Colombia a la reconstrucción de la comarca cafetera devastada por el sismo de 1999 es una de las más exitosas y pulcras que registran los archivos del organismo internacional de crédito. Es muy satisfactorio que el Banco Mundial haya dado este veredicto.

Una de las medidas que se adoptaron en aquel entonces fue la expedición de la llamada Ley Quimbaya por la cual (durante un periodo de tiempo limitado) se otorgaron facilidades y descuentos tributarios a las empresas que se instalaran o reconstruyeran sus plantas en la zona afectada por el terremoto. Esta ley funcionó bien. Y junto con las otras medidas e inversiones gubernamentales orientadas a la reconstrucción de la zona cafetera, contribuyó positivamente a la rehabilitación de la actividad económica en la región afectada.

Ahora, sin embargo, y por iniciativa parlamentaria, se ha propuesto prorrogar la vigencia de la Ley Quimbaya por otros siete años. El Gobierno -con toda razón- ha objetado esta propuesta. Aduce que tendría un alto costo fiscal (253.000 millones); que se estarían haciendo extensivos los beneficios tributarios a municipios que no fueron afectados por el terremoto del 99. Y lo que es más de fondo: que se estaría desdibujando la regla de oro que debe primar en este tipo de privilegios tributarios, a saber, que deben tener un carácter estrictamente transitorio.

Veremos qué decisión toma en el Congreso sobre estas objeciones. No sería impensable que el Congreso insista en sus puntos de vista y prorrogue de todas maneras la vigencia de la Ley Quimbaya.

Infortunadamente, el propio Gobierno no tiene mucha autoridad (ni ha actuado con coherencia en otras ocasiones), para sostener las buenas razones que consigna en su mensaje de objeciones a la prorroga de la Ley Quimbaya.

Por ejemplo, recientemente, cuando expiraba la vigencia de una ley mucho más costosa fiscalmente que la Quimbaya -la Ley Páez-, y por iniciativa del propio Gobierno, se reciclaron extravagantemente los beneficios para las empresas ya constituidas al amparo de la Ley del Páez, permitiendo que se transformaran en zonas francas.

Estas empresas seguirán pagando menos de la mitad de los impuestos que deben contribuir las otras sociedades que no se beneficiaron del régimen especial y transitorio organizado para compensar los estragos de la Avenida del río Páez. Seguramente, esta inconsistencia gubernamental será esgrimida por quienes en el Congreso están trabajando por la prórroga de la Ley Quimbaya.

En el país se está propagando una especie de 'efecto Pavlov tributario'. Según esta mecánica reacción, ante cualquier contratiempo, instintivamente lo único que se ocurre ofrecer es descuentos, disminuciones, rebajas y privilegios tributarios de toda índole en provecho de unos cuantos sectores determinados.
Pero se olvida que este tipo de estrategia fiscal tiene siempre -no solo un costo tributario muy alto-, sino que termina conduciendo a inequidades entre los contribuyentes.

A medida que se perdonan o que se rebajan estrepitosamente tributos a las grandes empresas, en la misma proporción hay que compensar las cuentas fiscales con más impuestos sobre los asalariados, o sobre los consumidores a través del IVA o de los impuestos sobre los combustibles. Que es exactamente lo que viene ocurriendo en el país.

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Juan Camilo Restrepo