El pasado mes de abril los equipos técnicos del FMI presentaron a la junta directiva la revisión de la situación macroeconómica del Líbano. Conforme lo dispone el acuerdo de asistencia para posconflicto, que dicho país suscribió con el ente internacional, se hizo una revisión rigurosa de la situación fiscal. A pesar de los buenos resultados alcanzados en 2008, el organismo reiteró la preocupación por los elevados niveles de deuda que equivalen al 160% del PIB.
Lo llamativo de la reciente misión del ente financiero es que sus ejecutivos tuvieron que salir a desmentir informes de prensa, según los cuales se habrían adelantado reuniones de diálogo técnico, con los principales líderes políticos del Hizbollah.
La razón del airado pronunciamiento obedece a que si bien este grupo es un partido político de oposición, para muchos de los principales socios del FMI, incluido E.U., representa un peligroso grupo terrorista. Pero la situación no termina ahí.
De cara a las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el 7 de junio, existe una gran posibilidad que este grupo extremista asuma un papel protagónico en la conducción del Estado, y si esto ocurre, tarde que temprano deberá dialogar con organismos financieros internacionales.
Al margen de las preocupaciones que este escenario genera, si el Hizbollah asume un mayor control del gabinete, deberá continuar una detallada agenda de ajuste económico. Entre los temas para enfrentar está aumentar el IVA del 10 al 15%, crear un impuesto global de renta, recortar gasto público y reducir subsidios a la empresa de energía, Electricite de Liban. Según el ministro de Finanzas, Mohamad Chatah, este conjunto de acciones son requeridas para reducir el déficit fiscal, que supera el 11% del PIB.
Para E.U. mantener el respaldo al Líbano, con un protagonismo del Hizbollah en el manejo de los asuntos públicos sería difícil. Los vínculos de Irán y Siria con este grupo, sus enfrentamientos continuos con Israel y su abierta participación en un ataque terrorista en 1983 contra la Embajada de E.U. en Beirut, son razones de peso. Recientemente, el vicepresidente Joe Biden, expresó que el respaldo político, militar y financiero dependerá de la nueva composición del Gobierno pasadas las elecciones parlamentarias.
Este tipo de declaraciones han enrarecido el ambiente político por la compleja estructura del poder público que caracteriza a este Estado. El Líbano es uno de los países del mundo con mayor diversidad religiosa y el Gobierno se distribuye conforme a esta composición. El ejemplo más claro está en que desde 1943, cuando el país obtuvo su independencia de Francia, se estableció un 'acuerdo nacional' mediante el cual el presidente es católico, el primer ministro, musulmán sunita y el presidente del Congreso, musulmán shiíta. Al mismo tiempo, el gabinete se conforma de acuerdo a las mayorías electorales y el parlamento unicameral se divide por mitades iguales entre musulmanes y católicos.
Las cartas para la Casa Blanca y Europa no son fáciles de jugar.
Descalificar o desconocer un nuevo Gobierno, al mismo tiempo que promueven la democracia en el Medio Oriente puede ser contradictorio. Pero legitimar un partido con una gran base militar vinculada al terrorismo extremista puede ser una mala señal frente a sus aliados en la región y conducir a nuevas tensiones militares. El 7 de junio sabremos si esta encrucijada tendrá lugar, si el Hisbollah continuará con las reformas que el país necesita y si al FMI le permitirán sus principales accionistas negociar con terroristas.
ivanduquemarquez@gmail.com
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