La semana pasada los mercados financieros internacionales se encontraron con la noticia que la calificadora de riesgo Standard & Poor's había realizado lo que técnicamente se conoce como un downgrade, es decir, bajar de categoría la calificación crediticia, a España, Grecia y Portugal.

La decisión cayó como un baldado de agua fría, pues de alguna manera envió señales claras sobre los riesgos macroeconómicos que se están presentando en países, que hasta hace muy poco se consideraban paraísos seguros.

La motivación de estas decisiones radica en indicadores preocupantes. Por un lado, Grecia tiene una relación de deuda pública frente al Producto Interno Bruto cercana al 93 por ciento, mientras el déficit de cuenta corriente se acerca aceleradamente al 14 por ciento y el déficit fiscal continúa en ascenso.

En el caso de Portugal, aunque las cifras son un poco menos preocupantes, la deuda pública supera el 60 por ciento del producto y el déficit de cuenta corriente se mueve en el terreno de los dos dígitos.

Frente a España la principal preocupación radica en que a juicio de Standard & Poor's el déficit de cuenta corriente se ha tornado insostenible, mucho más si se mira un entorno donde la situación fiscal se está deteriorando conforme a las proyecciones de crecimiento.

En cuanto a las repercusiones que tiene esta decisión no hay que ir muy lejos.

Por un lado, aunque mantengan el grado de inversión, el costo del endeudamiento para estas naciones va a aumentar y por otro lado, el valor de los activos, representados en bonos soberanos emitidos por estos países, va a reducirse. Esto afectará muchos inversionistas que tienen estos títulos en sus portafolios, ya que el valor de los bonos que se encuentran en los mercados emitidos por España, Grecia, Portugal e Irlanda, otro firme candidato a sufrir un downgrade, supera los seiscientos mil millones de euros.

La decisión de Standard & Poor's ha generado muchas reacciones. Por un lado, hay quienes discuten la autoridad moral de las mismas calificadoras de riesgo que permitieron titularizar 'activos tóxicos' con grado de inversión, para dictaminar sobre la calidad crediticia de países que han adoptado 'buenas políticas económicas'.

Igualmente, hay quienes piden que los criterios empleados para reducir la calificación de estos tres países sean utilizados con Estados Unidos cuyo endeudamiento aumenta a ritmo pantagruélico y el déficit fiscal, próximamente superará el 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Aunque las dos posturas apunten a cuestionar las calificadoras, tanto por sus errores, como por su 'parcialidad política', los argumentos no pueden ser expresados a la ligera.

Las calificadoras de riesgo, para bien o para mal e independientemente de los juicios de responsabilidades a los que deberán someterse, son una guía para los mercados, mucho más en momentos de crisis.

De la misma manera, si un país como Estados Unidos llegara a sufrir un downgrade, las pérdidas de los bancos centrales, que tienen gran parte de sus activos en bonos del Tesoro, traería pérdidas millonarias en todo el mundo.

Lo que importa de lo ocurrido es que las agencias calificadoras están viendo con preocupación los programas de expansión del gasto que algunos países han puesto en marcha para enfrentar la crisis. La razón es que no todos tienen la capacidad de hacerlo sin exponerse a peligrosos niveles de endeudamiento y déficit fiscal. Lo que está pasando en Europa debe servir como ejemplo en Latinoamérica, pues estos fenómenos ya se presentan 'hasta en las mejores familias'.

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Iván Duque Márquez