La reelección del 2006 sigue siendo noticia en los estrados judiciales. Hace unos días fue condenado a 8 años de cárcel el ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño y a 6 años el también ex representante Iván Díaz Mateus.

Al primero lo sancionó la Corte Suprema de Justicia por haber recibido prebendas a cambio de votar afirmativamente el Acto Legislativo que permitió la reelección, y al segundo por haber presionado el voto positivo de Yidis Medina, quien en ese momento estaba remplazando a Díaz Mateus en la curul. Queda claro entonces que los hechos se comprobaron y que la reelección se logró gracias a una compraventa, lo que deja una sospecha sobre la legitimidad del segundo mandato del presidente Uribe. Yidis Medina en sus declaraciones, cuando el año pasado se acogió a sentencia anticipada, habló de desayunos en la Casa de Nariño organizados, según ella, para presionar las votaciones. Ahí parece estar el almendrón del problema.

Las condenas son para quienes recibieron dádivas. A los que las ofrecieron, altos funcionarios del Gobierno, no se les ha sancionado. El cohecho es un delito en el que participan dos. El que recibe y el que ofrece. Y es a la Fiscalía a la que le corresponde hacerlo. Sin embargo, por esa institución las cosas andan lentamente. Los acuerdos están plenamente demostrados ha dicho el Presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez. Y esas declaraciones incomodan al Ejecutivo. Como también incomoda la independencia del Poder Judicial.

El espionaje del DAS con las famosas 'chuzadas' a los teléfonos de los magistrados, es otro ingrediente de este revoltijo institucional. El Gobierno no responde a las solicitudes de los magistrados que indagan por las mismas. No han merecido, dicen, la atención del Jefe de Estado. Y recientemente, para agravar las cosas, la Uiaf, Unidad de Análisis Financiero, que depende del Ministerio de Hacienda, ha tendido un manto de duda sobre todos los magistrados al afirmar sobre operaciones sospechosas y posibles vínculos "a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados".

La reacción de los presidentes de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado está plenamente justificada. Es una manifestación, han dicho, vaga, oscura, que pretende desacreditar a las instituciones judiciales. Se invadieron competencias del Congreso, agregan, pues es a este ente a quien le compete hacer las investigaciones. Por eso, han pedido un relator de la ONU, Leandro Despouy, que vendrá pronto. El señor Despouy ha dicho que vale la pena fortalecer el Poder Judicial, ampararlo y sostenerlo. Bienvenido sea. La independencia de los poderes del Estado es esencial para el fortalecimiento de un verdadero sistema democrático.

Estamos en la mira de entes internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá el tema de las 'chuzadas' del DAS. La revista The Economist ha advertido sobre el riesgo de la autocracia en Colombia, y varios periódicos de E.U. han señalado los riesgos de una nueva reelección. Esta parece ser la causa del revoltijo institucional.


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Gustavo Tobón