"Lo que es bueno para la General Motors, es bueno para los Estados Unidos". ¿Quién lo dijera?, ahora el Gobierno norteamericano le está solicitando a dicha empresa que se acoja a la ley de quiebras. Ingenuamente se pregunta uno si lo que está haciendo es un modelo de desarrollo donde se otorgó 'patente de corso' a los dueños del capital para llevar al extremo aquello de maximizar las ganancias, sin aparentemente ninguna regulación.

Que el Estado, y por supuesto las instituciones y el Gobierno, abandonaran el necesario control y regulación fue, por decir lo menos, un exabrupto. Los excesos que se produjeron deben ser sancionados como lo que son, un delito económico que raya en ocasiones con lo inmoral, por ejemplo, cuando se ejercen con respecto a la salud de los ciudadanos encareciendo y generando utilidades absurdas a costa de su misma supervivencia.

Dicen por ahí que en nuestro país las empresas se quiebran, pero jamás los empresarios o sus propietarios. La verdad es que esa afirmación no es totalmente cierta, habitual y especialmente en las sociedades abiertas, los que más pierden son los accionistas minoritarios que no tienen acceso a información privilegiada y, mucho menos, al nombramiento de los grupos de dirección ni al control de las juntas directivas.

La diferencia entre los salarios de los altos ejecutivos de las empresas privadas y públicas y el salario mínimo puede alcanzar 30 ó 40 veces. No tiene ningún sentido social ni económico, ni ético (aunque el término se encuentre tan pasado de moda), que en la actual situación de crisis no se plantee un ajuste estructural en los salarios más altos y más bien se pretenda continuar flexibilizando las leyes laborales para los trabajadores de medios y bajos ingresos.

Las órdenes de prestación de servicios que cobijan a una inmensa cantidad de los trabajadores, no solamente son infames en cuanto a la inestabilidad en el empleo, sino que por ejemplo si a un profesional nominalmente se le dice que ganará un millón de pesos mensuales, éste debe cotizar sobre el 40 por ciento de ese valor el 16 por ciento para pensión ($64.000); 12,5 por ciento para salud ($50.000); en retención en la fuente para impuestos el 10 por ciento ($100.000); el ICA 0,9966 por ciento ($9.966). Es decir, recibiría neto mensual la suma de $776.004 y le habrían descontado el 24 por ciento del total.

Por supuesto, no tiene derecho a cesantías, primas de servicio, vacaciones, subsidio familiar o cualquier otro derecho de un trabajador organizado, sindicalizado o protegido por una Convención Colectiva. Entre otras cosas, en lo descrito se explica que las solicitudes de despido no hayan aumentado en forma dramática y simplemente no se renuevan las órdenes de prestación de servicios.

Esa es la verdadera crisis del 'capitalismo salvaje' y de la demanda. Con unos pocos ricos, clases medias cada vez más disminuidas, y muchos pobres, no se genera desarrollo, ni empleo y, como hemos visto en la actual crisis, ni siquiera crecimiento. Lo que es bueno para el capital no es necesariamente bueno para el país. Todo tiene límites y es necesario dar un viraje a la política económica donde la seguridad de la sociedad se haga equivalente, por lo menos, a la seguridad del inversionista. 

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Germán Umaña Mendoza