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Según cifras oficiales en Colombia hay en la actualidad más de dos millones de desplazados. Se encuentran en toda la geografía nacional y existen estudios relativamente consistentes sobre su situación social y económica. Hasta sistemas de indicadores han venido elaborándose que permiten el diseño, la medición y la evaluación de las políticas públicas que se aplican y se aplicarán. Inclusive, gracias a la pertinencia de la acción de la Corte Constitucional, se ha fortalecido el diálogo entre los poderes públicos y la sociedad civil.

La política pública parte de la aceptación del desplazamiento como algo inevitable. Cuando se analizan las razones del desplazamiento se asocian las imágenes de las muertes violentas, las fosas comunes, el despojo de tierras y propiedades, la ruptura de la unidad familiar y el desarraigo. Es en verdad un problema psicosocial, una contrarreforma agraria, un cambio fundamental en los equilibrios regionales.

En la medida que avanzan los procesos de reinserción de las huestes paramilitares, parecería consolidarse un statu quo en las regiones y territorios en donde ocurrieron los desplazamientos. Nadie quiere que regresen los desplazados y, sorpresa, muchos de ellos prefieren vivir su desesperanza en su nuevo 'hogar' antes de regresar al escenario de su tragedia.

Es entonces cuando se gesta el proceso del olvido. Pocos piensan en reparación, en la justicia, mucho menos en la verdad. El retorno de los desplazados a su hábitat es simplemente un despropósito, la devolución de bienes y tierras no se contempla. Desarrollar una política pública que les permita regresar en condiciones de seguridad y con oportunidades que se deriven de la inversión en infraestructura y con el desarrollo de una política de empleo, ingresos o emprendimiento financiada con los dineros expropiados a quienes los obtuvieron de manera violenta y de las arcas del Estado, no se encuentra en el orden del día.

Lo que ocurre es que los recursos públicos y su aplicación desconocen el pasado. Aceptan el desplazamiento casi como un fenómeno natural. Las políticas asistencialistas permiten acceso a la educación, a la salud, inclusive a la alimentación. El rebusque y la informalidad son la norma. Las políticas de empleo y generación de ingresos se convierten en un discurso sin contenido real. Se despilfarran inmensos recursos públicos y de cooperación pretendiendo orientar a las familias a convertirse en empresarios. Por un caso exitoso, cien fracasos.

Ya desde el Gobierno y ciertos sectores de la academia se habla de subsidios perversos. De la necesidad de focalizarlos en el combate integral a la pobreza. Desa-parecen los desplazados como categoría de reparación. Se integran a su nuevo estatus de miseria. Los generadores de la violencia conservan su poder territorial y hasta palma africana producen para el desarrollo de la promisoria industria de los biocombustibles. Viva la contrarreforma agraria, institucional y regional. Bravo por el asistencialismo, poco a poco desaparece la necesidad de la verdad, de la justicia y la reparación. El problema no es el desplazamiento, el verdadero flagelo son los desplazados. Ellos se camuflan en las sociedades porque no quieren ser sus parias. Perdieron hasta su identidad. Serán, a partir de mañana, simplemente pobres y excluidos.

Germán Umaña Mendoza