Desde el momento en que oí unas declaraciones del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en las que le atribuía la responsabilidad del pago de los subsidios a los bancos, y de contera señalaba al IICA como culpable del trámite de las operaciones de una de las modalidades del programa Agro Ingreso Seguro -no se puede olvidar que el riego es uno de los cuatro componentes-, me hice la pregunta obvia que se formula una persona que ha martillado durante más de 40 años sobre la forma como se maneja el presupuesto nacional: ¿en dónde diablos estaban el Ministerio de Agricultura y los organismos de control fiscal en el momento de fijar y seguir las reglas del juego para tramitar las respectivas convocatorias? Desde ahí debe partir el análisis, pues ninguno de los dos puede aparecer como convidado de piedra en el proceso.

Si nos atenemos a la exposición hecha a finales del 2006 por el competente asesor del Ministro, doctor Andrés Espinosa F., las decisiones más importantes del programa estarían en manos de un comité de alto nivel integrado por los ministros de Agricultura, Hacienda y Comercio Exterior; el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP); dos delegados de los gremios y uno de las organizaciones campesinas.

Ignoro si el encumbrado comité funciona conforme al mandato, ya que suele ocurrir en el sector público que por la manía de la 'comiteitis', pronto dejan de operar, aun en contra de la disposición que los crea. Pero hay algo más; como la apropiación presupuestal se contabiliza en el rubro de inversión del Ministerio, mediando la aprobación de las 'vigencias futuras' (peligroso mecanismo), respaldadas por la disposición legal que prevé la inclusión de las partidas en los presupuestos de cada ejercicio durante los cinco años siguientes a la vigencia de la ley, bien se podría suponer que los filtros instalados para efectos de los trámites presupuestales debieron servir para detectar las anomalías. Empero esto, según puede colegirse del proceso, tampoco ocurrió.

De cualquier manera, se debe partir de la base de que, al final de cuentas, la responsabilidad primaria está en cabeza del Ministerio. Entre otras razones, además, porque el ejecutor del gasto es ese despacho y no el IICA, entidad que actúa como una especie de fideicomitente, que no lo exime de la responsabilidad del correcto trámite de las operaciones, pero tampoco lo coloca en el primer puesto de los culpables.

Aunque la función de seguimiento del presupuesto que le corresponde cumplir al DNP no constituye un mecanismo de control, pues está asignada por la Constitución y la ley a los organismos especializados, si no es una herramienta de análisis de su ejecución, de todas maneras permite tomar criterios consistentes y oportunos para mejorar el proceso y efectuar correctivos a la misma ejecución.

Claro, cuando el trabajo se hace a conciencia y de manera oportuna, sobre todo utilizando las herramientas apropiadas como es el de las visitas a las entidades, que constituyen un medio muy útil para el seguimiento del programa de gastos. Fundamentalmente, se realizan con el fin de obtener un conocimiento integral y básico de la evolución de la ejecución presupuestal de la entidad correspondiente, que posibilite la toma de decisiones respecto a futuras operaciones. Así las cosas, lo ocurrido no es sino una muestra más de las tantas veces denunciados problemas presupuestales.

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Gabriel Rosas Vega