En un acto de aparente defensa de la Constitución, las Fuerzas Armadas de Honduras pusieron de patitas en la calle al presidente Manuel Zelaya. "Este no es un golpe de Estado, sino la forma como las autoridades recuperan el orden emanado de la norma suprema vulnerada por el mandatario apartado de su cargo", sostuvo el ciudadano designado para reemplazarlo.

No lejos del territorio hondureño, en Colombia para ser más exactos, en aras de los preceptos constitucionales se presentan al Congreso varias iniciativas con propósitos distintos, pero coincidentes en reformar la Carta. Una, convocar un referendo para facilitar la tercera elección del actual Presidente, otra, obtener el visto bueno de los ciudadanos para castigar con cadena perpetua a quienes causen daño a los niños y, otra más, consagrar el acceso al agua potable como un derecho fundamental. La Constitución es el centro de atracción y fuente de infinita sabiduría, por tanto hay que cambiarla a toda hora y en todos los casos que se les ocurra a los dirigentes.

A propósito del tema, en un escrito Luis Esteban Manrique, ciudadano peruano, jefe de redacción de Informe Semanal de Política Exterior (El País de Madrid), dedicado a comentar el libro El continente olvidado. La lucha por el alma de América Latina de Michael Reid, hace unas interesantes reflexiones sobre el síndrome de la 'obsesión constituyente', tan de moda en estas tierras.

"Muchas de las dificultades para crear un Estado verdaderamente 'nacional' -el lastre de la precariedad institucional, el patrimonialismo, economías de enclave (vinculadas a la explotación de recursos naturales), una mentalidad rentista y procesos de nacionalización y ciudadanía incompletos- están ligados a la crónica de irresolución de los problemas étnicos", sostiene el comentarista. Con todo, como casi siempre ocurre en el continente, la aparente solución ha pasado por redactar nuevas constituciones.

La 'obsesión constituyente' obedece a una cultura política profundamente marcada por la idea de que modificar la ley cambiará también la realidad. Se trata, sin duda, de una idea curiosa: si alguna región del mundo demuestra la falsedad de esta tesis es América Latina, donde el culto formal a la ley coexiste con la indiferencia social a su vigencia efectiva. Si los políticos tienen un desempeño desastroso, la clave de la solución está en una nueva Constitución. El señuelo funciona: el gobernante gana algo más de poder y de tiempo, pero es menos claro qué gana el ciudadano común.

Como bien lo recuerda, en Venezuela, a mediados del siglo XX, se habían dado veintitantas Constituciones, es decir un promedio de 3,12 Constituciones por dictador y algo así como 0,4 por caudillo. Y habitualmente, los productos finales son documentos interminables.

Mientras la Constitución de E.U. tiene siete artículos y 27 enmiendas, la venezolana tiene 350 artículos, la de Bolivia y la de Ecuador 444. Y qué decir de la nuestra, que cuenta con el no despreciable número de 380 artículos, y se me pierde la cantidad de reformas introducidas a diferentes apartes desde su reciente expedición en 1991.

En todas hay derechos especiales y garantías en muchos aspectos -el derecho a la alimentación, al agua, la educación y la sanidad gratuitas-; no obstante, los problemas de salud pública no se pueden resolver con un artículo constitucional que garantice ese derecho, como tampoco solucionar los problemas económicos prohibiendo la pobreza por decreto. 


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Gabriel Rosas Vega