No es una necedad. Es que el clamor en favor de una mayor eficacia del sector público ha alcanzado dimensiones críticas. Casos como el de la carretera que, supuestamente, une a Medellín con Quibdó, ponen de manifiesto no sólo la incapacidad de la administración para resolver los problemas -lleva más de 50 años la adecuación-, sino los elevados costos que recaen sobre el aparato productivo.
Para una economía tan precaria como la chocoana, emplear en el recorrido de 136 km más de 15 horas -si se está con suerte y la lluvia lo permite- constituye una carga muy pesada e injusta, dado que impide el bienestar de la población. Es inconcebible que a estas alturas del siglo XXI, la comunicación entre dos capitales de departamento sea por una trocha angosta y mortalmente peligrosa, todo porque el responsable de la tarea -el Estado- no funciona.
En la nota de hace dos semanas, me permití señalar que se torna urgente replantear el papel del Estado, y que para ello es necesario definir bien 'lo que produce' y 'cómo produce'. Esto corresponde a la idea básica de acomodar su función a la capacidad.
Cuando se habla de acomodar la función a la capacidad, no se dice que hay que desmantelarlo. Es un hecho que en algunas áreas, lo que se necesita para aumentar la eficacia es un empeño mucho mayor. Por eso, es fundamental distinguir entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pero para ello hay que decidir también cómo se van hacer las cosas -cómo prestar los servicios básicos, establecer la infraestructura, regular el sistema-, no sólo si se hacen o no. Hacer coincidir el papel con su capacidad y usar los recursos del mercado y de la sociedad, es tarea prioritaria y, por tanto, no puede esperar.
Tal como lo señala un documento del Banco Mundial, un Estado más capaz puede ser un Estado más eficaz, pero eficacia y capacidad no son la misma cosa. Capacidad, en el sentido utilizado al referirse al Estado, es la posibilidad de emprender y promover en forma eficiente acciones de interés colectivo, como las relacionadas con el orden público, la salud y la infraestructura básica; la eficacia es resultado de la utilización de esa capacidad para permitir a la sociedad atender su demanda de esos bienes.
El Estado puede ser, al mismo tiempo capaz, pero no muy eficaz si su capacidad no se aplica a atender los intereses de la sociedad.
En muchos países, los sistemas de prestación de servicios son deficientes o inexistentes. Los políticos intervienen con demasiada frecuencia en las actividades cotidianas de los organismos públicos y el personal directivo tiene escasa flexibilidad. La obligación de rendir cuentas de los resultados es bastante precaria.
Para el establecimiento de un sector público eficaz en estas circunstancias se requiere la apertura de las instituciones gubernamentales, a fin de mejorar los incentivos en esferas que durante mucho tiempo han estado monopolizadas por el sector estatal. Aprovechando los cambios tecnológicos, se puede estimular la competencia en varios sectores.
Otro aspecto interesante, es el acercamiento del Estado a la sociedad. Su eficacia es mayor cuando se escuchan las opiniones del sector empresarial y de la ciudadanía en general, y se propicia la participación de ambos grupos en la determinación y aplicación de las políticas.
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