Hasta hace unos meses, mencionar el papel que debe cumplir el Estado era mal visto. A quien cometiera la osadía de plantear el asunto se le tachaba de taimado izquierdista sin posibilidad alguna de figurar en la galería de los destacados o, mínimo, de anticuado.

Como la vida da tantas vueltas, la debacle en que se halla sumido el mundo, por cuenta de la crisis, ha hecho que los ojos angustiados de los dirigentes de muchos países se fijen de nuevo en el rechazado monstruo y no se destaquen tanto las limitaciones de su acción -sin duda las tiene-, sino más bien las ventajas, en particular en lo que se refiere a la promoción del desarrollo.

El mundo está cambiando -eso es evidente- y con él cambian también las ideas sobre el papel del Estado en el desarrollo económico y social. La intensa atención que se presta a su papel hace recordar una etapa anterior, cuando el mundo comenzaba a recuperarse de la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial y gran parte de los países en desarrollo estaban consiguiendo la independencia. En esa época, el desarrollo parecía un objetivo más asequible y en gran medida de orden técnico. Unos asesores y técnicos competentes formularían políticas apropiadas, que después serían puestas en práctica por buenos gobiernos en bien de la sociedad. La intervención estatal hacía énfasis en las deficiencias del mercado y asignaba al Estado un papel fundamental en el intento de corregirlas.

Empero, desde la perspectiva actual, los supuestos institucionales de esta visión de su papel eran en realidad demasiado simplistas. No basta la rendición de cuentas a través de sistemas de contrapesos y salvaguardias para garantizar una gestión eficaz.

Es preciso tener una noción lo más completa posible sobre el laberinto de interrogantes y presiones que se ciernen sobre el Estado y, para eso, se requiere que las sociedades acepten una redefinición de sus responsabilidades. Para ello se precisa una selección estratégica de las acciones colectivas que éste debe promover, junto con mayores esfuerzos para aligerar la carga que pesa sobre el sector público mediante la participación de los individuos y las comunidades en el suministro de los bienes colectivos fundamentales.

No obstante, el proceso de reforma no se puede limitar a los cambios convencionales que suelen predicarse en los discursos y en las arengas de ocasión. A fin de elevar el nivel de bienestar de la población, tiene que ampliarse la capacidad del Estado, es decir, su capacidad de emprender y promover acciones de interés colectivo en forma eficiente. El mensaje, entones, se traduce en una doble estrategia para lograr que participe en forma más creíble y eficaz en el proceso de desarrollo:

Acomodar la función del Estado a su capacidad. Se trata del primer elemento de la estrategia. Cuando la capacidad es pequeña, éste debe sopesar cuidadosamente cómo -y dónde- intervenir. Muchos Estados tratan de hacer demasiado con pocos recursos y escasa capacidad, y con frecuencia los perjuicios son mayores que los beneficios.

El segundo consiste en aumentar la capacidad del Estado mediante la revitalización de las instituciones públicas. Ello implica establecer normas y controles eficaces; promover la competencia; hacer que el sector estatal responda más eficazmente a las necesidades de la población; y, en fin, cerrar la brecha entre el gobierno y el pueblo. (Continuará).

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Gabriel Rosas Vega