Pese a que me esfuerzo por tratar de entender por qué hay personas con las que no se puede tener un diálogo fluido sobre los temas -con algunas es necesario disponer de un diccionario y, en lo posible, de un texto avanzado de filosofía para poder musitar dos frases-, siempre me tropiezo con el inconveniente de no lograr llegar al meollo de la cuestión, quizás, por limitaciones de mis entendederas o por falta de suficiente atención. Traigo el punto a colación, porque me preocupa mucho que siempre que leo los planteamientos que hace el doctor José Obdulio Gaviria, distinguido asesor presidencial, se me arma un lío en la cabeza de notables proporciones. Y para la muestra tengo el siguiente botón.

El 29 de julio, dicen los despachos de prensa, el doctor Gaviria, en una intervención en Washington, sostuvo que: "Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla (...), esa gente se fue para las ciudades y allá están como migrantes, más la gente que se fue del país, clase alta y media. La propaganda internacional sobre nuestra situación de desplazamiento masivo, como el mayor desplazamiento del mundo, suma todos los que salieron durante los últimos 40 años (...). La ONG que dirige toda esa propaganda se llama Codhes (...). El negocio de crear el ambiente negativo contra Colombia produce réditos".

Si se trata de objetar las actuaciones de la organización a la cual alude, no tiene sentido armar toda una teoría que contradice la opinión de instituciones tan serias y respetables como la Corte Constitucional, que en sus sentencias reconoce que hay desplazados, y por tal motivo le impone la obligación al Gobierno de diseñar estrategias que conduzcan a un mayor compromiso de las autoridades con las personas que han sido víctimas de ese delito (Cambio, agosto 2008). Pero si este ejemplo no fuera suficiente, vale la pena citar otro. El competente jurista, Rodrigo Uprimny, en un documentado estudio sectorial, señala, sin la menor duda, que el fenómeno vigente en el país es del desplazamiento forzado y que, por cierto, la política pública en materia de justicia transicional "invisibiliza la problemática de este tipo de desplazamiento". "En la última década -sostiene-, diversas autoridades del Estado colombiano, han desarrollado, ejecutado y vigilado la implementación de la política pública tendiente a resolver el dramático fenómeno de desplazamiento forzado del que han sido víctimas millones de personas, como resultado del conflicto armado. El concepto de desplazamiento forzado en Colombia -explica- se encuentra necesariamente ligado a la violencia que lo produce. Así, según la Ley 387 de 1997 (Art. 1), uno de los instrumentos jurídicos que consagra la política pública en materia de desplazamiento forzado, (e)s desplazado toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de situaciones de diverso orden".

Si el punto es tan claro y, sobre todo, ni la Corte ni el jurista citado establecen la distinción que el doctor Gaviria quiere incorporar a la discusión, qué otro motivo tiene el diligente asesor para armar una polémica que en nada ayuda a formular las políticas y a resolver los problemas. Para cualquier ser humano que no se precie de ser docto en cuestiones jurídicas, un animalito que grazna como un ganso, tiene plumas y pico como un ganso, camina como un ganso y se alimenta como un ganso, no puede ser nada distinto a un ganso; jamás no atreveríamos a catalogarlo como un turpial o un hermoso canario.

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Gabriel Rosas Vega