No es justo con esta nación, ni con su historia, ni con sus ciudadanos de hoy y del futuro, que sus dirigentes políticos y culturales, buena parte de los administradores públicos y de los cronistas cotidianos, se hagan los locos con el impacto de la economía criminal en tantos aspectos de la vida nacional. En materia de análisis económico el método para sacar el fuste es muy sencillo: no hable del tema. No se enrede con eso. No tiene glamour. Le quita simplicidad y bravura y robustez al análisis, o al pantallazo en powerpoint, o al pantallazo en la TV. Cuando alguien insista en preguntar por el lavado de activos, el narcotráfico, la falsa inversión extranjera, responda: "no, yo aquí estoy defendiendo la liberación de los mercados, maestro"; o, más bien "si algún héroe se atreve, pues que lo haga. Nosotros le haremos una estatua después".

¿Ha notado usted que, en toda esta retreta de la absurda revaluación del peso, nadie menciona siquiera de paso el narco, la economía criminal, como posibles factores contribuyentes al 'fortalecimiento' del peso?

El combate ocurre entre quienes acusan a las finanzas públicas de ser responsables de alimentar, vía deuda, la oferta de divisas extranjeras en el mercado cambiario, y quienes creen -desde el Gobierno, o como ex ministros- que lo que se podía hacer ya se hizo, y que no hay novedad en el frente fiscal. O entre quienes quieren que se pongan emplastos aquí o allá -tasas diferenciales, transferencias fiscales teledirigidas, rebaja de impuestos, créditos 'a tasas blandas y plazos largos' etc., para compensar el desmadre cambiario, y quienes creen que el dejar hacer, dejar pasar, sigue siendo la fórmula.

Quienes quisiéramos que hubiera bloqueos y controles a las avenidas por donde campea el narco y el lavado, reclamamos que la economía criminal es, precisamente, la peor amenaza que se cierne sobre una sociedad y una economía liberales en Colombia.
Los expertos decían hace varios años que el contrabando podría valer entre cuatro y seis mil millones de dólares por año. ¿Ahora?
Hace un par de años no se sabe en Colombia cuánta moneda extranjera entra en efectivo al mercado cambiario, supuestamente en los bolsillos de turistas o visitantes de negocios. Por ahí hubo un breve intercambio entre un empresario y un ministro sobre la realidad de las cifras del turismo internacional en este país. Nada más. Tablas.

Anguilla, un paraíso fiscal del Caribe que mide 100 kilómetros cuadrados, fue en 2007 el segundo país inversionista en Colombia en sectores distintos al petrolero, después de E.U. De ese puntito de exótica belleza vinieron más de mil millones de dólares de inversión extranjera directa el año pasado.

Los británicos hablan de cómo sus últimos territorios de ultramar son sitios abiertos al fraude tributario y al lavado de activos; un comité del Parlamento dijo muy recientemente que en Montserrat y Anguilla, con 150 y 200 personas empleadas, respectivamente, en el sector financiero, solo hay una persona en cada isla capacitada para investigar operaciones sospechosas.

De Panamá, Anguilla, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas llegaron 1.800 millones de dólares el año pasado, según el Banco de la República. Un administrador juicioso del interés público debería preguntarse por el derecho real de esas corrientes económicas a denominarse 'Inversión Extranjera Directa', generadora de empleo, de impuestos, de comunidad. Debiera constatar. Debiera preguntarse por la posible relación entre esos dineros (y otros del mismo corte) y la evolución de la tasa de cambio. Y entre ellos y el extravío de la ética pública.

Pero no. De allá no vienen preguntas; se impone el silencio. Porque estamos construyendo una democracia liberal en Colombia.

César González Muñoz