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César González Muñoz

Déme esa mano

Publicado el 12-03-2008

Roma llegó a ser la mayor potencia mundial gracias a su predominio militar, tecnológico, cultural y económico. Y además ejerció como imperio secular. Como centro de gravedad de la vida en el mundo de entonces.

Ser la nación más poderosa no significa ser la nación imperial. El exclusivo ejercicio de la fuerza no fue el factor que mantuvo a Roma como un poder imperial de muy larga duración. La organización del imperio Romano contó con una arquitectura de instituciones, reglas del juego, una lengua común, burocracia administrativa, códigos legales que aún aburren a los estudiantes colombianos de derecho: un tejido que establecía el orden mundial, en el que las legiones militares hacían la guerra, y también establecían la paz, sometidas a reglas, convenciones, normas éticas, etiqueta. Esa fue, durante mucho tiempo, la diferencia entre Roma y los bárbaros. El Imperio Romano no lo fue solo por su fuerza militar.

Tal como se ven hoy las cosas en el escenario mundial, a Estados Unidos, la nación más poderosa -con un predominio incomparablemente mayor al que jamás pudieron ejercer Roma o la Gran Bretaña- le falta pelo para la moña imperial. Podrá ser la súper potencia militar, pero la ética del uso de las armas que ahora se impone en el régimen de G. W. Bush convierte a Estados Unidos en una nación de costumbres bárbaras y lo aleja de sus responsabilidades imperiales. Estados Unidos es un imperio que se niega a serlo, con mucha arrogancia, mucho irrespeto, mucha auto exclusión de normas que debieran ser universales. Mal ejemplo le da Estados Unidos a la comunidad mundial.
Hacer la guerra contra un enemigo interno siempre les ha planteado agudos dilemas éticos al Estado y a la comunidad. Es duro constatar que, agobiada por la inseguridad de la vida, hay en Colombia una mayoría dispuesta a aceptar que la nación se incline más hacia la barbarie que a la civilización a la hora de combatir la amenaza interna. Todo vale. En términos culturales, el costo es y será muy alto. Y también en términos de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Hay mucha gente dispuesta a que la sociedad asuma y asimile esos costos.

Proliferan, por la fuerza de los hechos, los informantes anti-subversivos, a la vez que abundan los informantes a favor de la guerrilla. Los primeros, en el marco de la ley, tienen derecho a recompensas monetarias cuando sus delaciones conducen a la captura o a la muerte de dirigentes guerrilleros. Quienes se interesan por estas cosas saben que aquí ha habido grandes problemas de corrupción, grandes desmanes, grandes injusticias. Son heridas de guerra, daños colaterales que se justifican y se encogen más fácilmente a medida que el Estado alcanza victorias militares de consideración.

Menos mal que hay todavía voces, que hoy día casi no se oyen, como la del Editorial de El Tiempo de ayer: 'El Estado no puede deslegitimarse en su lucha contra el terrorismo'. ¿Hasta qué punto es moralmente aceptable -y remunerable- que un combatiente guerrillero, convertido en 'informante civil', traiga de rastra el cadáver (o la mano derecha congelada) de su comandante local hasta alguna unidad militar? ¿Fue eso lo que quiso el Congreso cuando estableció el marco legal que permite estos gastos reservados? En estos afanes, todo encuentra explicación: ahora vemos cómo algunos comentaristas recomiendan que se le pague a ¿Rojas¿ por matar a ¿Ríos¿ y entregar su cadáver, con un argumento terrible: al fin y al cabo la mayoría de los informantes son delincuentes de marca mayor. Nada menos se debe esperar de ellos. Hasta hace poco, los informantes eran gentes de bien, servidores del Estado, héroes. Hasta aquí nos ha traído la guerra contra la subversión o el terrorismo, como quiera usted calificarla.

César González Muñoz

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