Para un observador desde el andén, sin acceso a información estratégica pero con interés en la marcha de los negocios públicos y alguna capacidad de discernimiento, la historia de la privatización de las electrificadoras regionales es una ópera bufa o una novelita de intriga. Detrás del velo está la realidad, pero la realidad no se ve desde el andén.

El Contralor General advirtió en septiembre del año pasado que el proceso de venta de las empresas distribuidoras de electricidad de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca, como fue diseñado por el Gobierno, viola la Constitución Nacional en cuanto al ejercicio pleno del derecho, por parte de los trabajadores y las cooperativas, a la adquisición privilegiada de acciones de empresas públicas. El Artículo 60 de la Constitución ha sido un auténtico rey de burlas, y esta vez no fue la excepción. Este cuento de la 'democratización' de la propiedad, con el que tanto se deleitaron los constituyentes, no ha sido más que un mosquito zumbón en las orejas de los sofisticados vendedores, intermediarios y banqueros de inversión que se ocupan de estas cosas. Y ello ha sido así en todos los gobiernos desde 1991.

Aquella advertencia del Contralor fue también un ruidito de corta duración. Por falta de instrumentos legales, o por falta de ganas, la entidad de control fiscal solo frunció el ceño.

Turbay volvió a pronunciarse sobre el tema en diciembre. En carta al Ministro de Minas y Energía dijo varias cosas graves: que a la Contraloría no le dejaban ver la información usada para valorar las electrificadoras; que así no se puede ejercer a derechas el control fiscal; que un viceministro dijo que la propiedad intelectual (y de paso los derechos de autor) del estudio de valoración pagado por el Gobierno, son del banquero de inversión; que los estudios no habían tenido en cuenta los próximos ajustes tarifarios, con lo cual se podría generar una infravaloración de los activos públicos en cuestión. En fin, que allí podría haber detrimento patrimonial, y que se recomendaba suspender el proceso. Hasta aquí la Contraloría. En el andén no se sabe de explicación o satisfacción formal alguna del Gobierno al Contralor. El tren eléctrico siguió sobre rieles.

Más tarde, el 31 de enero, el Gobierno expidió cinco decretos mediante los cuales aumentó en un 22 por ciento el valor mínimo de cada una de las electrificadoras para efectos de la subasta. El motivo expuesto es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas "ha expedido elementos del nuevo marco regulatorio para la actividad de distribución de energía eléctrica". Tales 'elementos' causan, según el Gobierno, un sustancial aumento del valor de lo que se va a vender, pero en parte alguna el ciudadano común puede encontrar una explicación sobre la razonabilidad de esos ajustes (ni sobre la calidad de la valoración inicial). En el andén todo es opaco. La distancia entre la ciudadanía y el Estado es muy grande y solamente los jueces -como agentes de última instancia- buscan llenar ese vacío.

Los gobernadores y alcaldes que representan minorías accionarias en las electrificadoras hacen bien al abstenerse de vender sus participaciones. Primero, por razones de moralidad pública ante la falta de claridad sobre los fundamentos de la valoración. Y segundo, porque los nuevos dueños mayoritarios, según la cartilla, van a producir acelerados aumentos de valor de esos patrimonios. Las acciones de la Electrificadora de Santander hoy en manos de la Gobernación y la Alcaldía de Bucaramanga (17 por ciento) constituyen un buen depósito de valor para respaldar pasivos pensionales. Se supone que la rentabilidad de esas acciones será muy superior al de activos financieros de renta fija.

César González Muñoz