Circula el borrador de un documento Conpes sobre la política de biocombustibles en Colombia. Este documento de planeación y estrategia aparece seis años y medio después de promulgada la Ley 693 del 2001 (marco legal del etanol), y tres años después de la Ley 939 del 2004 (biodiésel). Varias otras leyes establecen las reglas tributarias aplicables, claramente ventajosas para las empresas del sector. Hay, además, un voluminoso arsenal de decretos y resoluciones ministeriales que definen las normas técnicas, los estándares de calidad, así como los parámetros de fijación de precios, márgenes y tarifas de transporte del etanol carburante y del biodiésel. Hay un régimen aplicable de zona franca y varias fuentes de crédito blando para los desarrollos agrícolas respectivos.

La verdad es que los empresarios del sector le solicitaron al presidente Uribe un documento Conpes sobre biocombustibles, en busca de estabilidad normativa. ¿Por qué? Porque entre la fronda de disposiciones, algunos funcionarios querían interpretar a su modo 'el espíritu' de los textos. No se trata aquí de discutir las virtudes públicas o los vicios privados de tales interpretaciones. Lo cierto es que se generó un ambiente de inestabilidad de las reglas del juego.

De allí el documento de marras. Éste, sin embargo, abre una caja de Pandora de nuevas discusiones sobre el deber ser de los biocombustibles en Colombia. Nada tan permanente como un tributo transitorio; del mismo modo, la cultura política nacional maneja un jovial desdén por lo que debiera ser permanente. Quienes toman decisiones de inversión y asumen riesgos tienen que pararse en esa clase de arena movediza. En esas circunstancias adquiere mucho valor la cercanía y la amistad con los funcionarios: caldo de cultivo de la corrupción.

El borrador "presenta a consideración del Conpes una política orientada a promover la producción de biocombustibles en Colombia, aprovechando las oportunidades de desarrollo económico y social que ofrecen los mercados emergentes de los biocombustibles (...) se busca expandir los cultivos de biomasas conocidas en el país y diversificar la canasta energética, dentro de un marco de producción eficiente y ambientalmente sostenible, que permita competir en el mercado internacional".

Hay un gran énfasis en la 'eficiencia' que deben tener los procesos productivos de biocombustibles para que puedan competir en el mercado mundial. La noción de 'eficiencia' es igual a la de 'ausencia de subsidios': hacia allá quieren los autores que vayan los biocombustibles. La estrategia propuesta consiste en buscar que los precios reflejen las condiciones de mercado, sin ayudas fiscales. Esta es una fuerte desviación de los objetivos originales del marco legal y regulatorio.

Por otra parte, el mercado nacional de etanol y biodiésel es pequeño y, si no aumenta el porcentaje de mezcla con hidrocarburos, quedará satisfecho con solo una ligera expansión de la planta instalada en los últimos años. El borrador recomienda no aumentar dicho porcentaje mientras no se demuestren dos cosas: que la industria puede operar sin subsidios fiscales, y que el balance ambiental de ese proceso será positivo. En cualquier caso, este lenguaje es radicalmente distinto al que inspiró las leyes básicas.

El otro punto de debate es el relacionado con las exportaciones. Por lo que se sabe, Colombia está muy lejos de ser un jugador en ese mundo, a menos que hubiera privilegios fiscales internos, o un tratamiento preferencial de los compradores. En todo caso, siguiendo el ejemplo brasileño, para ser buen exportador de biocombustibles se necesita entrenar largamente en el mercado interno, en un ambiente de fuertes subsidios. Pero ese no es el escenario que se imaginan los autores de este borrador, que podría terminar borrando buena parte de lo que ha ocurrido en los últimos años.

César González Muñoz