Comparto las tres iniciativas tributarias anunciadas por el Gobierno: un impuesto escalonado al patrimonio para riquezas superiores a los 2.000 millones de pesos, la reducción del 40 al 30 por ciento de la exención por reinversión en utilidades y la prohibición de acumular esta última junto con los beneficios de una zona franca.

Estas medidas van en la dirección correcta, pero claramente son insuficientes e inoportunas. A pesar de eso, si el Congreso las aprueba como han sido planteadas, habrán significado una pequeña mejora.

La progresividad es un elemento vital en los buenos sistemas tributarios, por eso el gravamen sobre el patrimonio, al incluir una tasa diferencial del 0,4 y del 0,6 por ciento dependiendo del tamaño de la riqueza, es un elemento adecuado.

Sin embargo, dos cosas podrían mejorarse:

Primero, dejar de mentir y reconocer la necesidad de una fuente permanente de financiamiento a gastos recurrentes, de hecho, si la medida es aprobada estaremos frente a una medida transitoria de ocho años.

Segundo, una revisión a fondo de las demás excepciones sobre la renta, creadas por este Gobierno, haría más transparente el sistema.

Sobre la exención por reinversión de utilidades, sólo basta decir que si con el 30 por ciento es suficiente y generoso para épocas de crisis, en la visión del Gobierno, imagínense -fiesta armada- con un 40 por ciento de regalo en los tiempos de la bonanza. Esto es claramente un reconocimiento del enorme error cometido y del absurdo regalo dado por esta administración.

La tercera medida sí es una perla: el mismo Gobierno reconoce que las empresas en zonas francas sí usaron el incentivo de reinversión de utilidades -¿cuál no lo habrá hecho?-, y han venido pagando una tarifa efectiva de renta del 9 por ciento.

En otras palabras, esos grandes empresarios pagan por renta menos de lo tributado por el grueso de los colombianos que sólo viven de su salario y pagan el 10 por ciento mediante la retención en la fuente. Quienes además firmaron contratos de estabilidad jurídica tendrán esa tasa de tributación sobre la renta hasta por 20 años.

Como se ve, las medidas, a pesar de incluir una mentira implícita (un impuesto temporal), de llegar en el inicio de un debate electoral y en medio de una recesión, son un reconocimiento de la irresponsabilidad tributaria con la cual ha actuado este Gobierno en los últimos siete años.

Los tres ajustes algo mejorarán, pero, la verdad sea dicha, son apenas una gateada en la dirección correcta. Los empresarios y el país en general deben ser conscientes, que a finales del año entrante, tendremos otra propuesta de reforma tributaria. Ojalá esa sí sea seria.



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César Caballero