Hace unos días Daniel Samper sugirió en su columna ver en "youtube" el debate realizado por Gustavo Petro sobre las interceptaciones del DAS. Seguí el consejo, que también recomiendo a mis lectores. La sesión se realizó el pasado 9 de junio y las afirmaciones son escalofriantes. La información presentada se limita a lo encontrado por el CTI, en 104 carpetas entregadas el 28 de Febrero, por el actual director del DAS. Es decir, todos son documentos oficiales.

Allí queda clara la existencia del G3, un grupo de altos funcionarios, incluidos el Director y el Subdirector, desde donde se ordenaba la interceptación y seguimiento a personas y organizaciones. Las actas de las reuniones existen y son parte del acerbo probatorio de la Fiscalía, lo cual de muestra que no se trató de hechos aislados, sino de una política explicita, documentada y deliberada de la alta dirección de la entidad.

Casi sin excepción, los miembros de este grupo "directivo", hoy o están en la cárcel, o tienes investigaciones abiertas y han sido incriminados por desmovilizados como activos colaboradores de los grupos paramilitares. Varios de ellos, también ha sido acusados de desviar la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón. En su mayoría, fueron condecorados, promovidos y nombrados por quien detenta el poder durante los últimos siete años.

En el debate se dejó claro que de forma explícita, se ordenaron seguimientos, interceptaciones telefónicas y de correos electrónicas, además de la revisión de cuentas y movimientos financieros, a miembros del colectivo de abogados Alvear Restrepo, al periodista Holman Morris, el sacerdote Jesuita Javier Giraldo y la Directora de Redepaz, Ana Teresa Bernal.

Los seguimientos no solo se limitaron a estas personas sino también a sus familiares incluyendo menores de edad y  algunas acciones de intimidación. Los abusos en el ejercicio del poder a los cuales fueron sometidos estas personas fueron innumerables y sistemáticos y la justificación no parece responder a la orden de algún juez, como debería ser.

Por el contrario, fueron motivadas por la simple calificación de "sospechoso" de "hipotéticamente" poder comprometer la seguridad del Estado, hecha por funcionarios que hoy están investigados por estos y otros delitos, o en algunos casos aun más tenebrosos, por el deseo explícito de varios de ellos de ocultar crímenes anteriores.

El gobierno no debería seguir guardando silencio púes lo hechos son muy graves. Es claro que la justicia debe actuar, y pareciera estas haciéndolo, pero supremamente importante  realizar un cambio en  la forma como se ha manejado la entidad y clarificar de forma contundente que estas acciones no son cohonestadas ni pueden quedar impunes.

Mil solidaridad a las víctimas de estos  atropellos. Como sociedad no podemos guardar silencio a este ejercicio arbitrario de la autoridad y el poder.

César Caballero