En medio de las discusiones sobre el clientelismo del Gobierno, la 'parapolítica', la crisis y las pirámides, creo oportuno plantear la necesidad de una reforma estructural para afrontar el escenario de crisis económica que se prevé para los meses venideros.

Colombia necesita una reforma tributaria seria y responsable. El tema ha sido discutido por años y en grandes rasgos hay consenso sobre algunos temas: en el impuesto a la renta, bajar la tarifa 'formal', pero subir la real. Se puede lograr, eliminando la gran cantidad de exenciones tributarias que le quitan claridad al sistema, y responden más a favores clientelares del Gobierno que a propósitos de eficiencia o equidad tributaria.

En el IVA, tres cosas permitirían clarificar el sistema y posiblemente, disminuir la tarifa: ampliar la base, eliminar las excepciones irracionales (¡como la de los caballos de paso fino!) y simplificar las tarifas. El cuatro por mil, es uno de esos impuestos, muy rentables para el fisco, pero con efectos perversos para la economía. Bajarlo al dos por mil puede ser una alternativa razonable.

Un tema adicional es repensar la estructura de los tributos territoriales, particularmente grave en el caso de los departamentos. Sus actuales rentas tributarias son totalmente procíclicas y de difícil control. Una alternativa puede ser permitirles obtener una parte del IVA. Si este se disminuye a una tarifa nacional del 14%, por ejemplo, podría dejarse en manos de la Asamblea la decisión de aplicar una tarifa diferenciada de uno o máximo dos puntos. Ello los haría coparticipes de la responsabilidad política del impuesto y mejoraría sus rentas. Así funciona hoy en Estados Unidos.

Otra necesidad es disminuir la cantidad de impuestos, contribuciones y estampillas que hoy proliferan por todo el territorio nacional y que en muchos casos no representan un ingreso fiscal importante. En este caso, el Congreso podría señalar una carga tributaria mínima y una máxima con un conjunto de impuestos posibles, que los departamentos y municipios podrían aplicar dependiendo de sus realidades económicas.

Finalmente, debería insistirse en una renta presuntiva sobre la tierra. En las zonas rurales, se aplicaría la máxima defendida durante tanto tiempo por don Hernán Echavarría, según la cual quien quiera tener grandes extensiones de la tierra, que las trabaje, o pague un impuesto por no hacerlo. Esta medida, en el mediano plazo, genera una 'desconcentración' de la tierra y un mayor nivel de uso de nuestra frontera agrícola. En las zonas urbanas, sería una forma de gravar la plusvalía que los lotes de engorde obtienen por el progreso de las ciudades, financiado por el impuesto que pagan los propietarios de predios que si son productivos.

César Caballero