Desde el 2001, siete organizaciones privadas han impulsando el proyecto Así Vamos en Salud, el cual presentó un balance de la situación del sector en el país en diciembre del año pasado.
Como casi siempre hay cosas buenas, regulares y malas. Para destacar, está el aumento en la cobertura de afiliados a la seguridad social. Según el Ministerio de la Protección Social, el porcentaje de no afiliados disminuyó de 43,9%, en el 2000, a 20,7% en el 2006. Igualmente, el porcentaje de partos que ocurren en una institución de salud ha llegado al 96,4%.

En el tema de calidad, el informe advierte que "El país no cuenta con información objetiva que pueda arrojar resultados indicativos y validos". Es decir, sobre la calidad ni siquiera existe información.
Sobre los recursos asignados al sector, se observan dos cosas: primero, el volumen de las transferencias de la nación llega a 4,1 billones de pesos, lo cual representa 1,2% del PIB. Esto significa una disminución del 1,38% del PIB, frente a lo que el sector salud recibió del Gobierno Nacional en el 2002. Segundo, las instituciones prestadoras de los servicios (IPS) facturan a las aseguradoras y estas se toman un tiempo en reembolsar los recursos (ya costeados por los ciudadanos). Hoy, la cartera de las IPS, a 90 o más días, es del 43,5%.

Las preocupaciones más inmediatas están en dos indicadores. Primero, el porcentaje de niños con bajo peso al nacer. Este indicador ha venido aumentado de 7,3% en el año 2000 a un 8,4% en el 2006. El segundo es el que refleja las madres o mujeres embarazadas en la adolescencia. Se tienen dos fuentes; una, la encuesta de salud y demografía de Profamila, que muestra un alarmante índice de 20,5%; la otra son las estadísticas vitales del Dane, donde la tendencia, para los rangos de edad entre 10 y 14 años es de aumento y entre 15 y 19 años de disminución. En el 2005, según esta fuente, Colombia tuvo 6.459 madres menores de 14 años.

El país asigna recursos crecientes a la salud de los colombianos, incluyendo los aportes de los ciudadanos como contribuciones al sistema. Estos recursos parecen estar asegurando la inclusión de millones de personas al sistema subsidiado, con lo cual, se supone, tienen acceso a los servicios de salud. Pero esto no parece ser cierto. Las más de 70.000 tutelas en el tema de la salud muestran que tener un carné no significa un real acceso a los servicios. Lo peor es la calidad, en donde, como lo señala el reporte de Así Vamos en Salud, ni siquiera existe información confiable que nos diga si estamos mejorando o empeorando.

El esquema iniciado con la Ley 100 merece ser evaluado en sus resultados y discutido a fondo. Es hora de plantear dicha discusión en torno a la viabilidad del sistema y sus beneficios.

César Caballero