Cuando Pinochet derrocó a Allende, proclamó que se trataba de una acción patriótica para salvar al país del comunismo.

Pues bien, el Senado de E.U. realizó una investigación sobre lavado de activos que sentó las bases del Plan Patriota y obliga a los bancos a asegurarse de la legalidad de los fondos de quienes abren cuentas.

Dicho Comité concluyó que el Banco Riggs sirvió de banquero a Pinochet ayudándolo a ocultar dineros obtenidos ilegalmente, y le ayudó a ocultarlos cuando Pinochet ya se encontraba bajo investigación y sus bienes sujetos a embargo.

Concluye el Senado que el Banco abrió diferentes cuentas al dictador, le ayudó a crear empresas ficticias para ocultar dinero y le transfirió desde Londres a E.U. US$1,6 millones cuando estaba detenido y sus activos embargados.

En enero del 2005, el Banco se declaró culpable y pagó una multa de US$1,6 millones, y debió pagar US$1 millón a España por haber violado el embargo, y US$8 millones al fondo de reparación de víctimas de la dictadura.

Adicionalmente, el Consejo de Estado de Chile demandó al mismo Banco Riggs y a los bancos Espíritu Santo, Citibank, Santander, Banco Chile de Nueva York, Coutts de Miami y Atlantic, pues según el juez Carlos Cerda, el dictador amasó una fortuna de más de US$26 millones, de los cuales 20 carecen de explicación legal.

El presidente Bush ha declarado que los chilenos deben saber que habrá una investigación completa, y el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick ha declarado que ayudarán a los países a recuperar los dineros que fueron apropiados por gobernantes corruptos.

Al mismo tiempo el FMI ha publicado documentos en los que acepta que se declare como 'odiosa' la deuda contratada por regímenes ilegales. Pero que dicha clasificación solo aplique hacia el futuro.

Un poco tarde dichas instituciones reconocen que hubo una apropiación indebida de fondos públicos por gobiernos ilegítimos, peor aún, no se asume que los prestamistas lo sabían y pese a eso les financiaron. Y lo que es peor, les permitieron transferirlos a cuentas personales secretas en esos mismo bancos.

Hasta ahora los países han sido obligados a pagar esas deudas sacrificando sus programas sociales y, no existe un proceso sistémico de valoración que discrimine las deudas ilegítimas de las que se contrataron legalmente y se invirtieron productivamente.

El proceso apenas comienza...

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Beethoven Herrera