Argentina tiene el dudoso honor de haber declarado la mayor moratoria de la historia, haber eliminado doce ceros a su moneda, haber adelantado la entrega del Gobierno de Alfonsin a Menem en medio de la hiperinflación, y tras privatizar hasta el petróleo y triplicar su deuda externa en la década del noventa, haber caído en una severa recesión en el 2001.

El Congreso acaba de aprobar la devolución del manejo de las pensiones al Estado. El sistema de capitalización individual manejado hasta ahora por las Afpj tiene 30.000 millones de dólares y como el Gobierno tendrá un déficit de 10.000 millones en los próximos tres años, hay quienes creen que el Gobierno quiere disponer de esos recursos en una coyuntura en la que el financiamiento externo será difícil.

Los fondos serán trasladados al ente público (Anses) y dispondrá de recursos equivalentes al 40 por ciento del PIB del país. Los analistas anuncian una catarata de demandas contra la medida, pues se ha apropiado de fondos privados pero el Gobierno responde que se trata de ahorro social.

A los aportantes se les reconocerá el tiempo como si hubieran abonado al sistema de reparto y se tomará en cuenta sólo el tiempo de cotización. El Gobierno sostiene que el nuevo sistema beneficiará a quienes no aportaban regularmente por la precariedad de su ingreso y reconocerá a los trabajadores formales como si hubiesen cotizado el 11 por ciento cuando en realidad aportaron 5 por ciento en el 2000 y 7 por ciento entre 2002 y 2007.

El clima adverso a los fondos privados se funda en el hecho de que cobraban comisiones de hasta el 50 por ciento y en promedio la comisión fue del 33 por ciento. Adicionalmente, sufrieron gravísimas pérdidas por las crisis financieras internacionales ( México, Rusia, Estados Unidos ) pues gran parte de sus activos estaban colocados en el extranjero. En octubre de 2007 las Afjp tenían 96.601 millones de pesos, desde entonces hasta septiembre último recibieron aportes por 11.141 millones, pero los fondos totales descendieron a 94.442.6 millones.

Para tranquilizar a quienes temen que el Gobierno se apropie del ahorro pensional, la ley dice que los fondos podrán utilizarse solamente para pago de pensiones y jubilaciones, con clara separación del presupuesto público. Pero pueden ser invertidos en títulos del Estado...

El cambio se ha justificado como apoyo al desarrollo, pues los recursos podrán ser invertidos en obras públicas y proyectos productivos, se prohibe invertirlos en el exterior y los que están fuera deben traerse de inmediato, lo cual significará una gran pérdida por el derrumbe de los activos internacionales. La administradora pública Anses tendrá autonomía financiera y administrativa, y será vigilada por un Consejo de Evaluación compuesto por jubilados, sindicalistas, empleadores, banqueros, parlamentarios, un funcionario del Gobierno y otro de Anses, además de una comisión bicameral.
 

Beethoven Herrera