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Cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 769 que estableció los Ecaes, muchos universitarios se alegraron, pues en 2008 se aplicaría por última vez esta prueba. Pero acatando esa sentencia, el Ministerio de Educación acaba de presentar el proyecto de ley que regulará los exámenes de Estado, y la norma propuesta parece ser más exigente que la prueba practicada hasta ahora.

La Corte consideró, que en la anterior ley se otorgaron al Ministerio de Educación facultades ilimitadas y, ordenó, expedir una nueva norma que especifique sus alcances. En la norma propuesta se parte del reconocimiento de que "el Estado tiene el deber de velar por los exámenes de Estado y otras evaluaciones externas practicadas en condiciones de igualdad, comparabilidad, periodicidad y reserva individual, para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia sobre la educación".

El proyecto de ley propone, que la práctica de exámenes de Estado sea obligatoria para todas las instituciones de educación media y superior, y que cada institución presentará obligatoriamente a todos los estudiantes que estén finalizando su carrera. Terminará así la ambigüedad existente en el pasado cuando los alumnos no consideraban obligatoria la prueba, y no se preparaban o no la presentaban. Además, terminaría la sospecha de que algunas instituciones seleccionaban a sus estudiantes, para presentar a la prueba solamente a los mejor calificados.
El proyecto, además, establece que: "haber presentado los exámenes de Estado al terminar los programas de pregrado será requisito para obtener el título respectivo... y para ingresar a cualquier nivel de educación superior". En cambio en la pasada versión, el Ecaes no era requisito para obtener título profesional, aunque algunas universidades lo homologaron a exámenes preparatorios de grado.

A efecto de garantizar la comparabilidad, el proyecto propone que los nuevos exámenes deben pactarse con plazos de al menos 12 años. En economía, por ejemplo, se mantuvo la misma estructura de la prueba durante los cuatro años en que se aplicó, para poder encontrar tendencias consistentes.

Respecto al financiamiento de la prueba, la norma indica que el costo de su aplicación se divida entre las personas evaluadas, aunque autoriza subsidios cruzados con los estudiantes de más altos ingresos, los cuales podrán ser gravados hasta con el 50 por ciento del costo promedio del examen. ¿Qué pasará con el costo de la prueba en carreras con pocos alumnos como la geología?
De aprobarse el proyecto de ley, el Icfes perderá las funciones de fomento de la educación superior, las cuales pasarán al Ministerio de Educaron Nacional y se concentrará en la contratación del diseño de las pruebas, aunque no tendrá el monopolio sobre las mismas, pues podrá contratarlas con otras instituciones evaluadoras y podrá realizar investigaciones acerca de la calidad de la educación. El Icfes también podrá realizar evaluaciones solicitadas por entidades públicas o privadas y derivar así recursos para su autosostenimiento.

Extrañamente, la norma propuesta establece que "el Icfes cobrará los precios necesarios para que las evaluaciones que se le encomienden cubran en forma completa los costos y gastos que ocasionen", relevando así de esta responsabilidad el erario público.

Beethoven Herrera