Muy grave este nuevo episodio del enfrentamiento entre el Gobierno y los magistrados de las altas cortes.

Un confuso comunicado de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, divulgado en la tarde del domingo, volvió a prender las alarmas.
Esta dependencia, en cuya creación tuve participación como Fiscal General, tiene como misión principal detectar dentro del sistema financiero del país, 'operaciones sospechosas', principalmente dentro de la estrategia de la lucha contra el lavado de activos atado al narcotráfico y en general, a la delincuencia organizada. No es un organismo de investigación criminal, ni tiene funciones de policía judicial. Es un sistema de información, que con técnicas contables y financieras debe dar datos relevantes a quienes se ocupan de detectar narcotraficantes, lavadores de activos, terroristas y corruptos.

Por eso, sorprendieron los términos y la forma que se escogió para divulgar el comunicado que dice: "...en virtud de tal competencia legal, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) ha analizado Reportes de Operaciones Sospechosas sobre algunas personas y sus posibles vínculos con otras vinculadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados...".

Muchas reflexiones suscita esta comunicación de la oficina que por ley depende del Ministro de Hacienda. Si las operaciones sospechosas fueron detectadas hace uno, dos o tres años, ¿por qué no se le dio el trámite correspondiente desde entonces?
Si como se ha dicho, hace más de un año se enviaron esos reportes a la Fiscalía, ¿por qué esa entidad no los remitió a su vez a la Cámara de Representantes...? ¿Por qué no se hizo el comunicado justamente cuando se tomaba la decisión de enviarlos a los organismos competentes? Por qué razón se habló genéricamente de 'magistrados' sin hacer las precisiones? Si se quería preservar la reserva, ¿por qué la alusión al cargo y por qué se escogió el mecanismo de la pública divulgación?

Es muy diciente que el hecho se presente en medio del escándalo por las interceptaciones y seguimientos a magistrados, políticos de la oposición (incluyéndome) y a periodistas independientes, generalmente críticos del Gobierno. No tiene explicación el silencio del Jefe del Estado frente a los múltiples requerimientos de los presidentes de las altas cortes de justicia. El comunicado de la Uiaf no era la mejor manera de responderles a los más altos jerarcas del poder judicial.

Además, resulta un poco extraña la tardía divulgación del informe después del anuncio de la Fiscalía de investigar a la Uiaf, por supuesto abuso de autoridad al asumir, en relación con los magistrados, funciones de Policía Judicial e investigación que ni la Constitución ni la ley le atribuye.

Y las suspicacias pueden ir más allá. Justamente se produce cuando la Sala Penal de la Corte Suprema ha abierto investigación preliminar contra más de 80 representantes, por votar el referendo que pretende habilitar al Presidente para un nuevo periodo presidencial, al margen de que se esté desconociendo la inviolabilidad parlamentaria.

Ya se ha anunciado que la Comisión de Acusaciones se apresta a abrir a su vez investigación contra los magistrados por el informe de la Uiaf. Si algunos de los magistrados no tienen claras sus cuentas, deben ser investigados con más rigor que el exigido para los ciudadanos comunes. La pregunta es ¿por qué se ha acudido por parte del Gobierno a tan extraño procedimiento?

Todo este galimatías se deriva además del absurdo establecido en la Constitución de 1991, que permite que sobre una misma persona recaiga al mismo tiempo la calidad de investigado e investigador. 

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Alfonso Gómez Méndez