Nadie debe poner en duda los éxitos del presidente Uribe en materia de seguridad, si por tal, se entiende la sensible reducción del secuestro que hasta hace unos años azotaba a los colombianos, la tranquilidad con que los ciudadanos pueden transitar las principales carreteras, sobre todo en los puentes y fines de semana (eficaz política ideada por el general Teodoro Campo), y la reducción sensible de la actividad criminal de la guerrilla, gracias a los buenos resultados que en esta materia han obtenido las fuerzas militares y la Policía Nacional.

Esos componentes son conocidos en los medios con el nombre de Seguridad Democrática, concepto bastante equívoco, pues de hecho, toda política de seguridad en un Estado de Derecho como el nuestro no puede ser sino democrática.

La referencia que suele hacerse a la política de 'seguridad nacional' vigente en los países del Cono Sur durante las dictaduras militares, no tiene hoy ningún sentido.

Claro que hoy la guerrilla no se pavonea como 'Pedro por su casa' por ciertos sitios de la geografía nacional. La acción continuada de la fuerza pública le ha impedido seguir con los secuestros a colombianos para extorsionarlos. Muchos ciudadanos -sobre todo de clase media alta- han podido regresar sin problemas a sus fincas de recreo, como solía decirlo al comienzo de la administración Uribe, el ex presidente Alfonso López Michelsen.

Es evidente que estos avances de la administración Uribe Vélez deben mantenerse e inclusive profundizarse. Quienquiera que lo reemplace no puede estar pensando de manera sensata en reeditar los errores del Caguán o repetir un diálogo sin norte preciso con la subversión armada.

Lo que parece haberse dejado de lado es la seguridad ciudadana, es decir, la que afecta al colombiano de a pie, al que tiene que transitar por las calles sin el temor de ser atracado o que al llegar a su casa o apartamento, encuentra que los amigos de lo ajeno hicieron de las suyas llevándosele los electrodomésticos o los ahorros, o las cosas que necesita para llevar una vida digna.

Esa inseguridad es la que se registra no solo en las grandes ciudades, sino en los campos y veredas. Dos casos recientes ocurridos en la llamada 'Zona Rosa' de Bogotá han puesto de manifiesto esa ausencia de una política de seguridad ciudadana. Un joven periodista muere desangrado en las puertas de una clínica, después de haber sido salvajemente 'acuchillado' por un delincuente de la calle. Una señora, esposa de un reconocido ejecutivo para evitar un atraco cerca al conocido 'parque El Virrey', huye con tan mala fortuna que un carro la atropella y la tiene en graves dificultades de salud.

Los opositores del alcalde Moreno, salen inmediatamente a 'echarle la culpa' por la absurda muerte del periodista. La verdad es que aún, cuando en teoría el Alcalde es el jefe de la Policía, en la práctica son muy pocos los instrumentos de que dispone para el manejo del orden público ciudadano. Nunca se le consulta al Alcalde el nombramiento por ejemplo, del Comandante de la Policía de Bogotá, o del de la Décima Tercera Brigada del Ejército, responsables ambos del mantenimiento del orden en la capital.

Por cierto que el actual comandante de la Policía de Bogotá, el general Palomino, tiene una brillante hoja de servicios en la institución y ha hecho lo que más ha podido para bajar los índices de homicidios.

Pero en general, la política de seguridad es del resorte del Gobierno Nacional. Desde ya debemos pensar en pasar de la seguridad democrática a la seguridad ciudadana, como parte de una política de Estado, y que va más allá de la derrota militar y política de la guerrilla.

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Alfonso Gómez Méndez