Todos los colombianos aplaudimos la actitud del guerrillero de las Farc, Wilson Bueno Largo, conocido como 'Isaza' al haber desertado de la subversión trayéndose consigo a el ex parlamentario Óscar Tulio Lizcano, quien llevaba años sufriendo -como decenas de compatriotas que aún están allá- todos los horrores del secuestro en la selva. El presidente Uribe anunció inmediatamente que 'Isaza' saldría a Francia atendiendo el ofrecimiento del Presidente francés, mientras Íngrid Betancourt estaba secuestrada, y que además se le entregaría la recompensa anunciada de mil millones de pesos.

La liberación del ex parlamentario nos alegró a todos. Pero el tratamiento que debe dársele a quien ayudó a recuperar la libertad, en su condición de 'carcelero' no parece tan elemental como supone el Gobierno. La legislación penal siempre ha contemplado beneficios de rebaja de penas o mejores condiciones penitenciarias, por ejemplo para el ladrón que devuelve voluntariamente el objeto robado, el autor de peculado que reintegra los bienes sustraídos o el secuestrador que oportunamente, y sin condiciones deja en libertad a su víctima.

Pero en todos estos casos, no hay ni amnistía, ni indulto y menos compensaciones económicas.

El guerrillero conocido con el alias de 'Isaza' lleva muchos años en las Farc. Es de suponer que además del delito de rebelión, derivado de su simple pertenencia al grupo subversivo que tanto daño le ha hecho a esta nación, ha cometido otros como asaltos, secuestros o asesinatos. Es de ese aspecto que se está ocupando la Fiscalía General de la Nación, antes de enviarlo, sin más, a que aprenda francés y pueda disfrutar de los paseos por los Campos Elíseos o de las obras de arte en el Museo del Louvre.
Evidentemente no puede haber indulto o amnistía para delitos atroces como el secuestro. La Ley 40 de 1993 -única de iniciativa popular e impulsada por el actual vicepresidente Francisco Santos- prohíbe que el secuestro pueda ser considerado como delito político o en conexión con este. Y la Constitución Nacional establece que solo puede haber amnistía o indulto por delitos políticos.

El señor Presidente y sus Ministros no podían hacer ofrecimientos sin contar con la Fiscalía, ya que, por lo menos en teoría, todavía tenemos un régimen de separación de poderes. Los funcionarios judiciales tienen que cumplir unos trámites y procedimientos que pueden no coincidir con los objetivos políticos del Gobierno o con los ahora internacionales itinerarios de Íngrid Betancourt. No parecía por ello razonable que sin las consultas judiciales respectivas el Gobierno anunciara que Íngrid se devolvería a París, llevando como compañero de viaje al guerrillero 'Isaza'. Está bien que se busquen mecanismos para facilitar la reinserción de guerrilleros y la liberación de secuestrados, siempre y cuando ello no implique negociar el cumplimiento de la ley. Ya tenemos instrumentos de esta naturaleza que no suponen concesiones más allá de lo razonable. A un secuestrador que devuelva al secuestrado, se le puede reducir la pena, o recluirlo en un centro especial, o facilitarle su rehabilitación. Pero no puede haber premios económicos o inmerecidas ventajas. De lo contrario se estaría enviando el pésimo mensaje de que en Colombia se puede, después de haber hecho mucho daño como guerrillero, narcotraficante o paramilitar, o todo junto, tener un tardío gesto de arrepentimiento, y con ello conseguir no solo la impunidad, sino obtener visas para el exterior y convertirse de la noche a la mañana en millonario.
 
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Alfonso Gómez Méndez