Siguen los éxitos del Gobierno en materia de liberación de los secuestrados que por años mantiene las Farc privados de su libertad. Torpemente, la guerrilla persiste en la negativa de devolver a sus familias a tantos colombianos a quienes tiene sometidos al infierno en vida del secuestro.

De los llamados 'canjeables políticos' solo quedan el ex gobernador Alan Jara y el diputado Sigifredo López, único sobreviviente de la masacre cometida por las Farc contra los diputados del Valle del Cauca. El ex ministro Fernando Araújo, en audaz acción logró evadir el cerco de sus captores y recuperar la libertad.

La misma suerte tuvo el intendente Pinchao, quien al igual que la mayoría de los liberados ha escrito un libro sobre su propia odisea. Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas, Orlando Beltrán, Jorge Eduardo Gechen Turbay, regresaron a la liberad gracias a las acciones humanitarias del Presidente Chávez y Piedad Córdoba.

Ingrid Betancourt, los contratistas americanos y unos cuantos miembros de la fuerza pública, fueron sacados de las garras de la guerrilla en la 'Operación Jaque', que con todo y sus pequeños lunares constituye un ejemplo para el mundo en materia de liberación de rehenes en la selva.

La infiltración del enemigo es un medio legítimo en una guerra irregular como la que se libra contra la subversión armada, que ha convertido al secuestro y al narcotráfico en su principal actividad.
El presidente Uribe, su Ministro de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional, habían lanzado una eficaz campaña publicitaria dirigida a que los guerrilleros huyeran con sus rehenes. Ha tenido esta estrategia su primer gran triunfo con el retorno a nuestra sociedad del ex congresista Óscar Tulio Lizcano. Ese éxito merece el reconocimiento de la nación al margen de toda controversia partidista.

Quedan aún en la manigua los heroicos policías y soldados -hombres del pueblo cuyos nombres ni siquiera son citados en los medios- la mayoría de ellos viviendo esa tortura por diez y hasta quince años. Frente a ellos no debe haber indiferencia, y debemos comprometernos a adelantar todas las gestiones para obtener su liberación. Si bien, ésta política de estimulación de la deserción con ofertas de indulto y residencia en Francia acaba de dar su primer fruto, no debemos dejar de lado el cumplimiento estricto de las normas del Estado de Derecho.

La concesión de amnistías o indultos, constitucionalmente es una facultad del Congreso que por cierto hace varios años no ejerce.

Dentro de esta personalización del manejo de los asuntos públicos, el Jefe del Estado ofrece indultos que probablemente no puede cumplir. La legislación vigente permite conceder en estos casos considerables rebajas de penas y condiciones especiales de reclusión. La Ley 418 de 1997, con las normas que han prorrogado su vigencia, concede también algunos instrumentos al gobierno para conseguir la paz, pero que no van hasta la concesión indiscriminada y voluntarista de indultos. Hoy en día, está vigente la Ley 40 de 1993 que impide considerar al secuestro como delito político, y a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en los E.U. con los mandatos constitucionales en donde el Presidente puede indultar antes de irse, a delincuentes comunes -como lo hizo Clinton- en Colombia, la concesión de indulto está reservada a los delitos políticos.

En la medida en que todos estamos empeñados en la liberación de los secuestrados y el estimulo a la deserción con los secuestrados está dando resultados positivos, debería el Congreso tramitar de urgencia una ley general de indulto que comprendiera expresamente esa hipótesis. Así podríamos hacer compatibles, el clamor nacional, la voluntad presidencial, con las prescripciones de la Constitución Nacional. 

Alfonso Gómez Méndez