Es probable que a esta hora se haya terminado o esté por terminarse el paro que enfrentó a Gobierno y jueces por un problema salarial. El derecho de huelga está consagrado en la Carta Política en los servicios públicos no esenciales. Hay que recordar que la Constitución de 1886, tal como quedó reformada en el año 36, autorizaba el derecho de huelga, "salvo en los servicios públicos". El grado de civilización de un pueblo se mide por la forma como remunere y considere a sus maestros, policías y jueces. Hay que decir, que desde la administración Barco se ha avanzado considerablemente en materia de salarios en la Rama Judicial. Falta, desde luego, mucho por hacer no solo en este ámbito de remuneración, sino en cuanto a la manera como la sociedad y el Estado miran a sus jueces. La prueba de que no siempre los han tenido en la más alta estima es que en materia de rehenes, el Estado siempre negoció para salvar, a diplomáticos, líderes políticos o personajes ilustres, salvo cuando se trataba de la vida de los administradores de justicia. Los jueces piden hoy que se cumpla una ley de nivelación salarial expedida en 1992, y que hasta hoy no se ha cumplido, salvo en cuanto a los funcionarios de más alto rango. La verdad es que la diferencia salarial entre un magistrado y juez de menor categoría, es abismal. Mientras que un magistrado de las Altas Cortes gana 18 millones de pesos, un juez municipal apenas alcanza a devengar tres millones de pesos al mes. Hay una diferencia de seis veces, mientras que en Europa o los E.U. no pasa del 20 o 30 por ciento.

El problema desde luego no es solo de sueldos, sino de nivel cultural y social.

El Gobierno, en cierta forma dejó crecer el problema y acudió al mecanismo del antiguo Estado de Sitio al asimilar a alteración del orden público todo problema atinente a reivindicaciones laborales. No es este un buen precedente. Nombrar y destituir jueces por decretos gubernamentales de excepción no es el mejor ejemplo de democracia ante el mundo. Ni siquiera nos hemos preguntado si aplicar la 'emergencia' no vale más que las propias reivindicaciones laborales de los jueces.

El problema de la justicia -tan importante como el de la seguridad al cual esta íntimamente ligado- es demasiado importante como para tratarlo con improvisadas reformas constitucionales que no apuntan al fondo, o con decretos que nos hacen recordar las que creíamos superadas épocas del Estado de sitio.

Naturalmente, que los jueces deben entender que una parálisis judicial le hace mucho daño a los ciudadanos y que deben agotar todos los recursos antes de recurrir a este desesperado mecanismo.

El Gobierno a su vez debería aprovechar esta coyuntura para comenzar a pensar en serio en la administración de justicia, en toda su amplitud y complejidad. Hay que pensar en la formación de los jueces, su entrenamiento, la agilización de los procedimientos, la utilización total de los medios tecnológicos, la nivelación cultural y social de los operadores de justicia, la forma como se está aplicando la carrera judicial, entre otros muchos aspectos, si es que en verdad se quiere 'tomar el toro por los cuernos'. Y obviamente esta administración debe admitir que fue su error, compartido por los congresistas de la coalición, haber suprimido, con argumentos superficiales el Ministerio de Justicia para convertirse en apéndice menor de la cartera de la política.

gomezgomezabogados@cable.net.co

Alfonso Gómez Méndez