Soplan vientos de confusión en la política. El ciudadano de a pie, no sabría entender lo que está pasando. Comunicados van y vienen del Palacio de Nariño, del Palacio de Justicia y de las directivas de los partidos políticos de oposición. Las descalificaciones mutuas llevaron al Vicepresidente Santos a pedirle a las cabezas de los poderes que izaran la bandera blanca de la paz. El jefe del Estado esta vez no encontró atendible la petición de su segundo a bordo y dijo, en términos muy suyos, que le daba "lidia" quedarse callado.

Todo ese ambiente ha sido generado básicamente por dos hechos: las escandalosas conversaciones -que me hacen recordar el título de una obra de mi maestro Reyes Echandía El lenguaje del hampa- entre el Director de Fiscalías de Medellín y hermano del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, y gentes del bajo mundo del narcotráfico en Antioquia y, la revelación de las reuniones más o menos secretas de dos funcionarios que despachan en el Palacio Presidencial (o en la Casa de Nariño como se dice ahora) y personajes de la peor especie como el difunto alias 'Job' o Antonio López, segundo del extraditado 'Berna', en busca de pruebas que comprometieran a Magistrados titulares o auxiliares de la Corte Suprema de Justicia.

A raíz de esos hechos, que de no ser por la inmensa popularidad del Presidente hubieran causado un tremendo revolcón político, éste resolvió hacer una rueda de prensa en la que no dejó títere con cabeza ni en la Corte, ni en el periodismo, ni en el partido liberal. Disparó con 'escopeta de regadera' y cual 'Gato Michín' pareció decir: "Voy a volverme Pateta, y el que a impedirlo se meta en el acto morirá". El presidente de la Corte Suprema acusó al Gobierno de estar gestando un complot contra la justicia y anunció que pondría el hecho en conocimiento de organismos internacionales.

Tiene razón el Presidente Uribe, cuando dice que incidentes de esta naturaleza no se resuelven simplemente con buenas maneras. Y también la tiene cuando afirma que los debates sobre temas públicos no le hacen daño a una democracia.
Pero ese no es el problema. La cuestión radica en que el Presidente debe entender que es el Jefe del Estado, pero no el Estado mismo. Él es la cabeza del ejecutivo y además, según la Constitución, simboliza la "unidad nacional". Pero en un régimen de derecho, la separación de los poderes es fundamental. Hay unos controles, cuyo libre funcionamiento es insustituible en toda democracia. Hay un control político, al que lamentablemente el Congreso renunció hace años por ocuparse de pequeños o grandes puestos públicos. Hay un control judicial, representado por las investigaciones que por delitos atribuibles a los agentes estatales de todos los niveles deben adelantar los jueces de la República. Y hay un control ciudadano, que se debe reflejar en una prensa libre de ataduras para poder poner en tela de juicio las conductas públicas de políticos, magistrados o gobernantes.

El Jefe del Estado no se debería molestar, porque en términos políticos se cuestione a su Ministro de Justicia. O porque con razón se pida explicaciones a funcionarios muy cercanos a su despacho por contactos peligrosos. O porque el periodista Daniel Coronel proteja la reserva de la fuente, fundamental para un periodismo de investigación.

Vale la pena recordar como el New York Times, en el editorial en que le pide al presidente Uribe que no cambie nuevamente la Constitución para hacerse reelegir por segunda vez, afirma que lo que la región necesita son instituciones fuertes y no "hombres fuertes".

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Alfonso Gómez Méndez