Una vez más -como en el curso de los últimos treinta años- el país anda analizando otra propuesta de reforma constitucional, ahora en temas políticos y judiciales. Los políticos los propone la llamada 'comisión de notables', integrada en su mayoría por respetabilísimos ex magistrados y juristas, muchos de ellos, permanentes asesores de los diferentes gobiernos con disímiles orientaciones ideológicas y políticas. Y los judiciales -hasta ahora como anteproyectos- los sugiere un reconocido político, quien recientemente fungía como experto en 'competitividad' en el actual Gobierno, luego de haber desempeñado durante la administración Pastrana no solo la presidencia del Congreso, sino el engorroso encargo de llevar a la cúpula de las Farc -incluido el difunto 'Raúl Reyes'- en gira por Europa, pasando por la Santa Sede en Roma.

El nuevo Ministro del Interior y de la Justicia, habilísimo político, que se mueve como pez en el agua en el terreno de los 'acuerdos políticos' es ahora el nuevo portaestandarte de la causa de la justicia.

No debemos olvidar, las muchas ocasiones en que en Colombia se ha hablado de 'reforma política'. En 1957, 1968, 1979, 1991 y en el 2003, se cambió la Carta Política para introducir reformas en materia judicial. Los temas han sido siempre los mismos: elección y período del Procurador, del Fiscal, y de los magistrados de las altas cortes, normas sobre juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, creación o supresión de organismos de justicia, entre otros. En la Constitución del 91 -teóricamente producto de un consenso político- se le dio un 'revolcón' al tema judicial. Y ahora, queremos darle un 'contra revolcón'. Lo mismo se puede decir de los temas políticos: suplentes en el Congreso, separación de poderes, sistema electoral, normas sobre pérdida de investidura y un largo etcétera.

Los mismos temas, cada cierto tiempo vuelven a plantearse como novedosos. En 1991, con el argumento de que era necesario quitarnos a los ex presidentes de encima, porque su perturbadora acción detenía el desarrollo político de la nación, prohibimos para siempre la reelección. Y en el 2005, con el argumento contrario de que un buen presidente debe reelegirse, volvimos a la forma constitucional de Núñez en 1886, y permitimos la reelección inmediata de quien sugirió y defendió con todos los métodos conocidos, el cambio constitucional. La Corte Constitucional -en decisión dividida- aprobó el cambio agregando que solo se podía reelegir a un mandatario por una sola vez. Ahora, ya han comenzado a hacer el proceso de 'ablandamiento' ante la opinión para que como en el 2005, se vuelva a cambiar la Constitución -ahora vía referendo- para permitir una reelección adicional por cuatro años. Así seguiremos, quién sabe por cuánto tiempo más, con el argumento de la popularidad.

Nadie se ha puesto a pensar que los problemas básicos de la justicia, casi nada tienen que ver con su regulación constitucional. La Constitución del 91 se expidió 'dizque' para mejorar la política, y para 'sanear' la clase política tradicional. Se vendió la ilusión del 'nuevo país'. Los dos más grandes escándalos protagonizados por congresistas, el proceso 8.000, y el actual de la 'parapolítica', se han dado bajo la vigencia de una Constitución, que con sana intención, quiso cambiar la política. Si existiera en los juegos que se van a realizar en China un campeonato para quien más cambiara su Constitución, seríamos declarados fuera de concurso.

¿Cuánto tiempo nos faltará para convencernos de que la Constitución no es la causante de los males? Para qué seguir con este deporte de cambiar la Constitución, muchas veces sin sentido y dependiendo de circunstancias puramente coyunturales. Yo propondría una sola reforma. Un artículo que dijera más o menos: "prohibido legislar durante los próximos veinte años". De pronto, así nos dedicaríamos a gobernar y no a practicar este insano juego de estar cambiando la Constitución para que todo siga igual.

Alfonso Gómez Méndez