Lo que nos faltaba. En medio de esta batahola en torno a los procesos por la 'parapolítica', se venía gestando otra de las tantas reformas constitucionales, que en últimas -y sobre todo después del acuerdo dominguero de la Casa de Nariño- no apunta a la solución del problema.

Se ha propuesto, en efecto, que los partidos que avalaron a congresistas hoy detenidos o investigados pierdan no solo la curul, sino los votos y que restituyan al Estado el dinero recibido a título de reposición electoral. Así planteado era una forma de castigo político a agrupaciones que no tuvieron el debido cuidado al apoyar a candidatos con tan pecaminosos nexos.

Pero el consenso de la Casa de Nariño entre el Presidente y su bancada -y tal como lo ha planteado el liberalismo por intermedio de su vocero Juan Fernando Cristo- le quita toda la eficacia a la reforma por cuanto establece que esas sanciones solo operarían a partir del momento en que las sentencias penales queden en firme, es decir, después de haber agotado los múltiples recursos consagrados en los códigos.

Así las cosas, si esperamos todos los trámites, habría tiempo inclusive para otras elecciones antes de que se comiencen a aplicar las sanciones.

Pero además, la mal llamada 'Reforma Política' no toca el tema de fondo sobre la indebida asociación entre paramilitares y otros sectores de la sociedad como empresarios, ganaderos y miembros de la fuerza pública.

Y ahora, sale el Gobierno con la insólita propuesta de quitarle competencia a la Corte trasladándole a un supuesto 'Tribunal Especial' -cuya composición no sabemos cómo se hará- la facultad de investigar al tiempo a congresistas, magistrados y al Presidente.

Es cierto que tanto en la Constitución de 1886 como en la del 91, quedó mal diseñado el tema del juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, por cuanto hoy en día los congresistas juzgan a los magistrados y éstos a su vez, a los parlamentarios, con lo que se puede presentar un cruce de impedimentos. Ese esquema hay que replantearlo en algún momento.

Pero no ahora, cuando justamente la Sala Penal de la Corte está haciendo su oficio develando esos vínculos entre paramilitares y políticos.

Entre otras cosas, porque para hacer el cambio habría que hacer una reforma constitucional, que en sus ocho debates en el Congreso, tomaría uno o dos años en el trámite.

Además, sería difícil que se pudiera adelantar el proceso legislativo por cuanto la mayoría de los miembros del Congreso tendrían que declararse impedidos.

Esta idea no es viable, ni oportuna, ni sensata, ni seria. Parece ser más otra de las conocidas 'cortinas de humo' para tratar de deslegitimar el trabajo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Cuentan que en el siglo pasado, el gran estadista y periodista que fue Murillo Toro, siendo secretario de Hacienda y en vista de que estaba atascado en el Congreso un proyecto sobre el libre cambio (la vieja discusión entre proteccionistas y aperturistas), decidió escribir en uno de los periódicos de la época un artículo sosteniendo la tesis de que San Pedro nunca había estado en Roma.

Con eso logró que filósofos, teólogos, juristas y políticos escribieran con argumentos en uno y otro sentido sobre la presencia de San Pedro en la ciudad eterna. Mientras tanto, y sin que nadie se diera cuenta, el proyecto fue aprobado sin mayor dificultad.

Frente a la 'parapolítica', esta exótica idea del 'Tribunal' en reemplazo de la Corte, ¿no será otra modalidad de la discusión sobre si San Pedro estuvo o no en Roma?

Alfonso Gómez Méndez