En los últimos 35 años (desde el Decreto 150 de 1976, hasta la Ley 1150 de 2007, que reforma la Ley 80) se han creado toda clase de 'estatutos' para blindar los contratos del Estado. En últimas, se busca transparencia y eficiencia en el mecanismo más claro de delegación del Estado para la construcción de obras y prestación de servicios. La intensificación del proceso de privatizaciones ha hecho que los grandes casos de corrupción no sean los clásicos peculados o falsedades en donde funcionarios inescrupulosos se quedaban con la plata de los contribuyentes. El Código Penal desde 1980, contempla dentro de los delitos contra la administración pública un capítulo sobre la "contratación ilegal".

Fundamentalmente se busca evitar las llamadas contrataciones incestuosas (entre amigos o parientes), los sobrecostos, las licitaciones amañadas, el aprovechamiento indebido de situaciones de privilegio y, desde luego, se ha buscado que las obras o servicios realmente se cumplan o se presten.

La gran paradoja es que, entre más reglamentación, menos clara es la contratación. Bajo nuevas modalidades se realizan las viejas prácticas. Obras que comienzan con un valor, después, a través de 'ajustes' terminan costando cinco, seis y siete veces la suma inicial, siendo el ejemplo clásico lo que paso con el Metro de Medellín. Y todo eso, irónicamente, se hace dentro de la más estricta 'legalidad'. Muchos contratistas desplazan a sus competidores en las licitaciones presentando precios más bajos, que una vez adjudicadas, terminan aumentando con los más disímiles pretextos. Con la teoría del 'equilibrio contractual', piden más dinero al Estado para poder hacer la obra o prestar el servicio y este se ve ante la disyuntiva de ceder para que el contrato se cumpla o se paralizan las obras o servicios iniciados.

El gran negocio hoy es contratar con el Estado para sacarle luego millonarias indemnizaciones mediante conciliaciones cuando, muchas veces, no se ha pegado un ladrillo o construido un centímetro de carretera. Las firmas de ingenieros contratistas, en su estructura administrativa, tienen más abogados que ingenieros o arquitectos.

Es hora de frenar esa práctica indebida de buscar una contratación no para hacer, sino para 'pleitear'·

Y es esa maraña normativa, curiosamente, la que ha facilitado que florezca esta nueva y fácil forma de esquilmar al Estado. Los contratistas serios -que los hay- deberían ser los primeros en oponerse a estas 'avionadas legales'. Hay que revisar cuánto ha pagado hasta hoy el Estado (incluidos los departamentos y municipios), en virtud de fallos arbitrales o sentencias de los jueces por obras que nunca se hicieron.