Multas, conflictos y 'lobby'
09-06-09 -
Las grandes capitales del país, Medellín, Cali y Barranquilla, se han solidarizado con el malestar de la Capital. Han anunciado también que se desafiliarán de la Federación de Municipios.El conflicto que ha estallado entre la Federación Colombiana de Municipios y el Distrito de Bogotá no es menor. Y debe tener un seguimiento cuidadoso.
Una ley de hace algún tiempo dispuso que el 10% del recaudo de las multas por infracciones y comparendos de tránsito que impusieran las autoridades municipales debía ir a las arcas de la Federación Colombiana de Municipios. La Federación, como contraprestación, le prestaría a las ciudades un servicio denominado: 'Sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito' (Simit).
La Federación alega que ella tiene derecho a cobrar el 10% sobre todas las multas que imponga una ciudad. Bogotá arguye que la retribución a la Federación de Municipios sólo se causa, en sana lógica, sobre las multas impuestas fuera de su jurisdicción. Caso en el cual el Simit sí presta un valor agregado a la cobranza.
Las diferencias son enormes: Bogotá argumenta que la Federación de Municipios le está cobrando injustificadamente $50.000 millones, pues le está pasando la cuenta del 10% sobre las multas impuestas al interior de la jurisdicción del Distrito donde la Federación no hace mayor cosa. Y se estaría ganando por ello, sin esfuerzo ni valor agregado alguno, tan jugosa comisión.
El tema ya ha pasado a mayores. Ha habido denuncias administrativas e incluso penales. Bogotá apeló la decisión del Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, argumentando que la decisión de primera instancia se adoptó con inexplicable aceleración. Y lo que es más ilustrativo: las grandes capitales del país, Medellín, Cali y Barranquilla, se han solidarizado con el malestar de la Capital. Han anunciado también que se desafiliarán de la Federación de Municipios, pues los beneficios que están recibiendo no se compadecen con los costos que la interpretación que se le está dando a la ley implica.
Medellín recaudó, por ejemplo, $17.000 millones el año pasado por multas a infracciones de tránsito, y tuvo que girarle automáticamente a la Federación de Municipios (por el peaje rentístico que le asignó la ley) $ 1.700 millones. "Apoyamos a Bogotá y esperamos el visto bueno del Concejo para retirarnos. Se produce un desbalance con respecto a los servicios que recibimos", dijo el Secretario de Hacienda de la capital antioqueña.
En la misma dirección se pronunció el Alcalde de Cali: "Estamos evaluando el costo-beneficio de estar afiliados". Y en igual dirección hubo una reacción de la Alcaldesa encargada de Barranquilla.
Si Bogotá, Medellín Cali y Barranquilla reaccionan de la misma manera, y si las cuatro grandes capitales del país anuncian al unísono su malestar y el deseo de retirarse de la Federación de Municipios, es porque algo quedó mal en la ley que creó el Simit, o, al menos, en el alcance que pretende darle la Federación de Municipios.
¿Estudió bien el Congreso las repercusiones cuando resolvió otorgar semejante gabela a la Federación de Municipios? Recordemos que esta misma agremiación ya se había visto envuelta en una agria controversia con el Ministerio de la Seguridad Social a raíz de una ley que apareció -sin que se hubiera sabido nunca cuál era la justificación- dándole el monopolio del servicio de ambulancias aéreas en el país.
Por lo visto no son sólo los particulares los que exhiben un refinado espíritu de lobby ante el Congreso para defender sus intereses particulares. También lo desarrollan las agremiaciones que se supone representan intereses públicos. Como en este caso son las municipalidades del país.