La Comunidad Andina celebra sus primeros 40 años de vida el mes entrante. Esta fecha debería ser festiva, histórica y apropiada para la evaluación de logros y realizaciones derivados de la suscripción del Acuerdo de Cartagena por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú el 26 de mayo de 1969. Chile abandonó el Grupo Andino el 30 de octubre de 1976; Venezuela se adhirió el 13 de febrero de 1973 y se retiró el 19 de abril de 2006.
La realidad actual es compleja y de profunda crisis existencial, larvada durante décadas por la ausencia de una visión integracionista auténtica, y particularmente por soslayar la aguda percepción de los latinoamericanistas de la época que concebían la integración regional como un paso hacia la formación definitiva del Mercado Común Latinoamericano, como sostuvo el presidente Carlos Lleras Restrepo en la instalación de la Comisión Mixta del Grupo Andino el 5 de febrero de 1968.
Decía entonces el presidente Lleras Restrepo que "tanto los países del denominado Grupo Andino como los demás de América Latina han entendido muy bien que el mejor camino para llegar a la integración definitiva es el de las integraciones subregionales", de suerte que mientras "avanzamos en lo subregional podemos ir perfeccionando el sistema regional americano", pensamiento reflejado en el artículo primero de los objetivos del Acuerdo de Cartagena.
Colombia siempre ha enarbolado la bandera de la integración andina, cuya contribución ha sido amplia y generosa, desprovista de egoísmos o personalismos. El presidente Lleras Restrepo nos recordaba en uno de sus artículos publicados por la revista Nueva Frontera, cómo Colombia defendió 'el espíritu de justicia' al apoyar el trato especial para los países de menor desarrollo relativo, Bolivia y Ecuador.
Es más, "cuando Perú necesitaba para facilitar su ingreso al Grupo que la sede de la junta fuera en Lima", nos recuerda el estadista Lleras Restrepo, "Colombia accedió sin celos ni vanidades". Y añadía "surgieron dificultades con Venezuela"... y Colombia aceptó "no solo su participación en la Corporación Andina de Fomento, sino el señalamiento de la sede de este organismo en Caracas". Y termina Lleras Restrepo declarando que "nuestra voluntad integracionista tiene que ser inseparable de la decisión de reclamar y obtener el fiel y oportuno cumplimiento de lo pactado".
La realidad actual es distinta. Basta recodar que desde la firma del Acta de Barahona en Cartagena el 5 de diciembre de 1991, documento que recoge las decisiones del Consejo Presidencial Andino del momento, la filosofía de la integración andina fue obstruida por excepciones de grueso calado aplicadas al arancel externo común, esencia misma de la unión aduanera andina. El golpe de gracia llegaría con la Decisión 669 de julio de 2007, mediante la cual se suspendió el arancel externo, y de remate la unión aduanera, sin la cual es imposible negociar conjuntamente con terceros países, como ocurrió con Estados Unidos y la Unión Europea. Se quebrantaría así otro principio cardinal de la integración subregional, el fortalecimiento del poder de negociación con terceros países.
La integración andina merece una segunda oportunidad, en lugar de dejarla a la deriva como se advierte actualmente.
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